El Procurador del Común ya denunció la situación en 2016

En 2016, el anterior Procurador del Común, Javier Amoedo, emitió una resolución en la que precisaba que el sistema educativo actual «colabora, consolida y legitima» la diferenciación social en Castilla y León ya que la presencia de alumnos de etnia gitana es «inexistente» en los centros privados y escasa en los concertados, por lo que abogaba por la imposición de ciertas limitaciones al derecho a la libre elección de centro. En su resolución también añadía que debían realizarse planes específicos para la escolarización de aquellos alumnos y el control sobre el proceso de admisión en los centros para garantizar su transparencia. Además, el Procurador del Común reclamaba que se articulara una política de información de la oferta escolar que compense las desigualdades sociales a la hora del acceso para evitar que los alumnos que acudan a estos centros continúen alimentando el aislamiento al que son sometidos.