Casi 4.500 trabajadoras sufren discriminación desde la invisibilidad del empleo en el hogar

Sigue siendo un colectivo laboral de segunda, condenado a la precariedad, la discriminación y la vulnerabilidad, cuando no a la invisibilidad. A pesar de que hace más de seis años se dio un paso adelante en su regularización ante la Seguridad Social. Un paso insuficiente que dentro de dos meses tenía que avanzar en la equiparación de derechos con el resto de los trabajadores, aunque finalmente no será así. Las mujeres que cotizan a través del Sistema Especial de Empleadas del Hogar (ellas son más del 95% del colectivo) tendrán que esperar al menos otros cinco años para poder cobrar el paro al ser despedidas, acudir a la Inspección de Trabajo o acogerse a la prevención de riesgos laborales, entre otras diferencias con el resto de empleados por cuenta ajena que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social.

En León el colectivo de empleadas del hogar que cotiza está formado, según el último dato de afiliación, por 3.302 personas. En 2012, cuando se creó el nuevo régimen, eran algo más de 2.500 las personas inscritas, que crecieron en más de un millar al año siguiente, para iniciar una senda de descenso progresivo hasta el momento actual. Si se tiene en cuenta que la economía sumergida se calcula en el sector en un 30% (diez puntos más que el conjunto de la actividad económica) resulta que son casi 4.500 las personas que en la provincia trabajan como empleadas del hogar o cuidadoras de niños y mayores. Trabajos de importancia social básica, pero no reconocidos en igualdaddesde el punto de vista laboral. Un tercio de las trabajadoras del hogar en la provincia son extranjeras.

Según los datos que maneja el sindicato UGT, el sueldo medio bruto es de 858 euros por 40 horas semanales, aunque el más común no supera los 343 euros brutos mensuales. Controlar horarios y tareas parece misión imposible.

Más de 1.500, bajo el umbral de la pobreza

Una de cada tres trabajadoras del hogar viven en hogares que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, según un reciente informe de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III; y «la inmensa mayoría» no cotiza por las horas que en realidad traaja, lo que «limita el acceso a los derechos laborales, ahora y en el futuro». Estas trabajadoras duplican los retrasos en el impago de hipotecas y alquileres del resto de las trabajadoras, y sufren «en mucha mayor medida» la precariedad y lo que denominan la «informalidad» en el trabajo. Un trabajo que está infravalorado, a pesar de que sostiene el resto de la actividad económica, y de que, «de estar legalmente remunerado, equivaldría al 2,8% del Producto Interior Bruto». Desde 2015 se ha reducido el número de cotizantes, a pesar de en las estadísticas laborales se observa un incremento de las trabajadoras en este sector. Lo que evidencia un «repunte de la informalidad». El estudio incide en que «la inmensa parcialidad no deseada o que muchas no estén protegidas contra el desempleo, el despido o la enfermedad, lleva a que la pobreza en los hogares que depeden de este empleo supere con creces la del resto de la población asalariada». Un 16% de los asalariados vive por debajo del umbral de la pobreza, en las empleadas del hogar se eleva al 34,3%.

La situación antes de la entrada en vigor de la ley actual era más discriminatoria: sólo cuatro de cada diez empleadas del hogar cotizaba a la Seguridad Social. En 2011 el Gobierno del PSOE pactó con los sindicatos la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General, a través de un sistema especial que entre otras cosas las excluía del derecho a la prestación por desempleo. Sí recogía la obligatoriedad de los contratos por escrito o los descansos de 12 horas entre jornadas.

La dejadez ha sido desde entonces la tónica en los agentes sociales, ni siquiera ha trabajado el comité de expertos que debía organizar la equiparación laboral con el resto de los trabajadores. Y esta primavera el PP, apoyado por otros grupos parlamentarios, introdujo en los presupuestos la enmienda 6777, que retrasaba la equiparación de derechos laborales nada menos que cinco años, hasta 2024.

Las mejoras han sido, pues, lentas y mínimas; y las empleadas del hogar siguen siendo un colectivo especialmente vulnerable con, por ejemplo, las pensiones de jubilación más bajas del sistema.

Un estudio de la Universidad de León, de 2014, incide en que a este colectivo no se le ha concedido la misma protección, «ni en el ámbito laboral ni en el de la Seguridad Social, que a otros trabajadores por cuenta ajena». Reconoce que la relación laboral de los empleados del hogar es especial, pero «no puede menoscabar» sus derechos. Aunque señala que entre «los obstáculos para establecer una normativa equiparable al resto de los trabajadores se encuentra la teoría de que el empleador no es un empresario en sentido económico, y en que la prestación de los servicios se efectúa en el hogar familiar, donde confluyen los derechos del trabajador con los derechos fundamentales del empleador». Lo que obliga al legislador a aplicar una flexibilidad que, en la práctica, se traduce para las empleadas del hogar en la imposibilidad de actuación de la Inspección de Trabajo, la no aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales o la dificultad para establecer la valoración económica de las distintas tareas que desempeñan.

La actual ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha mostrado su intención de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las empleadas domésticas. Pero en la realidad sus condiciones están muy lejos de equipararse a las del resto.