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Los acusados de la pieza leonesa de la Púnica solicitan su libre absolución

Un nuevo informe de la UCO reconoce que no puede acreditar una parte de las acusaciones.

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León

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miguel ángel zamora | león

Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación Provincial de León, Manuel Jesús López Sánchez, anterior interventor de la institución provincial y Pedro Vicente Sánchez García, alcalde de Puebla de Lillo, solicitan su libre absolución en el escrito de defensa presentado ante la Audiencia Nacional, de cara al juicio que previsiblemente habrán de afrontar una vez que el nuevo magistrado instructor, Manuel García Castellón, dictó en junio el auto de apertura de juicio oral.

La defensa de Martínez Barazón, encarnada por un letrado leonés, la de Suso López, que corre a cargo de un prestigioso penalista local y la de Sánchez, que ha puesto los intereses de su defensa en manos de un bufete de Madrid, coinciden en el trasfondo de la cuestión. Consideran que no hay pruebas que avalen las acusaciones que pesan sobre sus defendidos, entienden que a lo largo de la instrucción se han cometido excesos varios y sugieren en suma la idoneidad de archivar la causa y decretar su sobreseimiento, extremo en el que en el fondo o confían una vez que ya se ha dictado el auto que ordena la celebración de juicio en Madrid.

A mayor abundamiento, el pasado 9 de octubre se remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se le solicitaba que un experto en redes sociales del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, elaborase un informe sobre procedimientos técnicos en la elaboración de perfiles para redes sociales, con especial atención al apartado de generación de tendencias, trabajos SEO (Search Engine Optimization, para mejorar los posicionamientos en internet), construcción de diarios digitales, uso de identidades digitales, desplazamiento de noticias por ataques negativos e instrumentos de cálculos de visitas por clicks.

ARGUMENTOS

La solicitud se llevó a cabo en el marco de las diligencias para contrastar si los investigados estaban implicados en el núcleo de la acusación, que según la instrucción, se debía al pago de favores para mejorar la imagen en la Red de Martínez Barazón, de cara a su candidatura a presidente del Partido Popular en la provincia tras la muerte de Isabel Carrasco. La UCO responde que su informe se elaboró «basándose en la información pública existente en Internet» puesto que la unidad «no cuenta con expertos en redes sociales».

La UCO, en base a cuyos informes se sostuvo buena parte de la acusación por parte del instructor, el magistrado Eloy Velasco, finaliza su escrito con el reconocimiento expreso de que desconoce «las técnicas concretas que los investigados Eico Online y Madiva utilizaron en la prestación de sus servicios de posicionamiento web. Madiva era la firma a la que estaba vinculado Alejandro de Pedro, el conseguidor que supuestamente según la acusación, estaba en contacto con Martínez Barazón para la adjudicación de las cafeterías de la estación de San Isidro.

El Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión para Martínez Barazón acusado de supuestos delitos de malversación y falsedad, tráfico de influencias y fraude. Solicita siete años de cárcel para Suso López, por presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude, idénticos cargos que presenta para Pedro Vicente Sánchez.

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En la misma pieza, para José Antonio Alonso Conesa (exalcalde de Cartagena), para Alejandro de Pedro propone penas de cinco años y medio de cárcel y a Guadalupe Caballero 3 años y medio.