La Junta endurece el control sobre los pisos turísticos

DL | León

El director general de Turismo, Javier Ramírez, se reunió ayer en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid con los concejales de Turismo de los ayuntamientos de León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, junto con responsables de la Policía Nacional, para desarrollar de manera coordinada actuaciones de control de la actividad clandestina y del intrusismo en el sector. Según apuntó Ramírez, el objetivo fundamental del encuentro es impulsar la coordinación institucional entre la Junta y los ayuntamientos en las labores de inspección, a través de la colaboración entre los servicios de inspección de la Junta y las respectivas policías locales. «A través de tres ejes queremos desarrollar una herramienta fundamental para desincentivar y frenar la proliferación de la comercialización de viviendas de uso turístico ilegales», señaló. En ese sentido, se refirió a la colaboración con la Policía Nacional para «garantizar la seguridad ciudadana», la Guardia Civil para «controlar la legalidad de las viviendas de uso turístico en el medio rural» y la Agencia Tributaria para «desarrollar inspecciones y control de posibles actividades delictivas y defraudatorias». Se calcula que en León, dos de cada tres apartamentos turísticos opera fuera de la legalidad y ya se han impuesto medio centenar de denuncias.

En el encuentro, Ramírez comunicó a los concejales de las capitales de provincia participantes las últimas modificaciones legislativas sobre la materia, como los últimos cambios en la Ley de Propiedad Horizontal (antes se requería la unanimidad de la comunidad para frenar una vivienda de uso turístico, y ahora solo tres quintos de los votos) o en la Ley de Arrendamientos Urbanos (donde se amplía el concepto de vivienda de uso turístico a cualquier canal de publicidad y difusión).

Además, informaron sobre la «experiencia piloto» que se está desarrollando en Valladolid desde el pasado mes de junio junto con la Policía Nacional, para intercambiar información sobre la localización exacta de las viviendas de uso turístico y sus usuarios. La experiencia, como relató Manuel Castro, está siendo «muy positiva» por el momento y ya están en contacto con el resto de provincias de Castilla y León para expandirla. «Desde la Policía Nacional creíamos que era una necesidad controlar las viviendas de uso turístico que se encuentran fuera de la normativa vigente, donde pueden alojarse en un momento determinado grupos organizados de delincuentes o de terroristas», señaló.

Además, el Gobierno autonómico está impulsando la colaboración directamente con las plataformas de comercialización de este tipo de viviendas turísticas, para controlar las que no cumplen con la legalidad. En este sentido, Ramírez anunció que ya se ha llegado a un acuerdo con Booking para garantizar que todas las viviendas turísticas que comercialice estén inscritas en el correspondiente registro de turismo de la Junta, donde actualmente figuran 1.401 viviendas.

Asimismo, señaló que desde el Ejecutivo autonómico se está trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Inspección Turística, para el periodo 2019-2022. Esta herramienta se convertirá en «un instrumento fundamental contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico», y nacerá con el objetivo de «erradicar las actividades ilegales».