El Tribunal de Cuentas fiscaliza Gersul por las «irregularidades» halladas por su interventor

Un equipo de auditores del Tribunal de Cuentas de Castilla y León desembarcará el día 5 en Gersul en busca de bases de datos, informes, expedientes, facturas, contabilidades, presupuestos y otro tipo de documentación, en soporte digital o en papel, para fiscalizar la actividad del consorcio encargado del tratamiento de los residuos de la provincia. Según ha podido conocer este periódico, tienen previsto permanecer en León durante toda la jornada y cualquier información que requieran completar, una vez analizada la recabada en persona, la solicitarán a Gersul por escrito.

El Tribunal de Cuentas ha incluido la fiscalización de la actividad financiera del consorcio, tras recibir el pasado año la auditoría realizada por el interventor de este organismo encargado de los residuos—el mismo funcionario que ostenta idéntico cargo en el Ayuntamiento de León—, en la que advertía de una serie de «irregularidades». Entre ellas, el hecho de que Gersul no haya rendido cuentas desde 2014 y que su último presupuesto esté datado en 2015, con su consiguiente prórroga en los ejercicios sucesivos.

También la contratación «irregular» de los trabajadores que realizaron las funciones de recaudación y gestión de la tasa del CTR durante el periodo en que el consorcio decidió hacerse cargo de este labor, a través de dos oficinas habilitadas en la capital y Ponferrada. Además, en la auditoría del interventor llama la atención sobre las nóminas del personal que trabaja en la sede de Gersul «al no ajustarse al convenio general del consorcio». Incide en su informe sobre los acuerdos de 2008 que llevaron al incremento de sueldo de los trabajadores del CTR y sus plantas satélite. Este aspecto, considera el interventor municipal, explica «los desequilibrios presupuestarios que el consorcio mantiene con la UTE adjudicataria, con el consiguiente aumento de costes del servicio», que durante diez años ha provocado cada ejercicio un rémora de 2,5 millones hasta llegar a los 26 que adeuda a la empresa.

En la auditoría evidenció, igualmente, que al menos 13 millones adeudados en recibos de la tasa del CTR sin cobrar anteriores a 2014 ya estarían prescritos. Desde entonces, se han generado 2,5 millones más de impagos al año. «Creemos que de los 13 millones puede haber alguna cantidad no prescrita, porque el interventor de la Diputación debió intentar recuperar algo a través de la vía de apremio». Todo lo que pueda recaudarse de los morosos sería destinado a amortizar los créditos que Gersul contraerá con los bancos a través de los préstamos con los que debe pagar los algo más de 23 millones de la deuda histórica que arrastra con la UTE, un pago que obedece al acuerdo extrajudicial que acordaron acatar las dos partes.

Esta deuda continúa sin pagarse a la empresa a pesar de que el juez determinó como fecha límite el pasado día 1 de noviembre. El impago genera cuantiosas cantidades cada mes en intereses. El principal problema radica en la falta de aval para solicitar el crédito para pagar la deuda a las entidades financieras: ni el Ayuntamiento de la capital, ni la Diputación quieren respaldarlo ante los bancos.