POLÉMICA
La Asociación de Historia Contemporánea exige al Supremo que rectifique sobre Franco
“Es incontestable que el único jefe de Estado legítimo el 1 de octubre de 1936 era Manuel Azaña”
Lugar en el que se encuentra enterrado Francisco Franco en el Valle de los Caídos.
El 1 de octubre de 1936 “en España existía un único jefe de Estado legítimo, el presidente de la II República, Manuel Azaña. Este hecho es incontestable”. Con estas palabras la Asociación de Historia Contemporánea, al igual que otros colectivos, sale al paso de los argumentos del Tribunal Supremo para suspender temporalmente la exhumación de Franco, a quien el alto tribunal se refiere como jefe de Estado en la fecha mencionada.
Cuestionar que el único presidente legítimo era Manuel Azaña, “implica legitimar un golpe de Estado que generó una guerra civil, con cientos de miles de muertos y una represión brutal que costó la vida a otras decenas de miles ”, añade la asociación a la que pertenecen numerosos historiadores de la etapa contemporánea, entre ellos especialistas en memoria histórica y represión como Javier Rodríguez, profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la ULE.
Asimismo, considera que suspender la exhumación de Franco del valle de los Caídos con tal argumentación supone “una ofensa a las víctimas; al depositario de la voluntad nacional, el Parlmento español, que aprobó la exhumación; al gobierno democrático de la nación, que la ordenó; y a toda la conciencia cívica y democrática, española e internacional”.
La Asociación de Historia Contemporánea recuerda que en todos los países donde “han tenido que afrontar las herencias y traumas generados por las dictaduras”, como es el caso de la Francia de Vichy, la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, se ha debatido la cuestión de si los historiadores son autoridad a la hora de determinar procesos judiciales o decisiones gubernamentales. “Pero lo que no se plantea en ninguno de estos países es justamente lo contrario: que sea el poder judicial el que determine la ‘verdad histórica’”.
El colectivo de estudiosos pide al Supremo que rectifique la que tacha de “intromisión inaudita” porque que puede afectar a la “libertad de los historiadores eventualmente obligados a confrontar sus investigaciones con instancias que nada tienen que ver con su profesión”, sitúa a España “en el furgón de cola de las democracias europeas” y abre la vía de la “judicialización de la historia con consecuencias tan impredecibles como inquietantes”.