Ligar la prestación al paro desincentiva la búsqueda de un puesto de trabajo

La propuesta de la Autoridad Fiscal sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos a nivel nacional, que supere «el actual mosaico de prestaciones con diferente capacidad protectora y distinta cuantías», pretende superar la «poca efectividad a la hora de reducir las tasas de pobreza». Y señala que también «implican un desincentivo a la participación en el mercado laboral».

Por eso, teniendo en cuenta que el objetivo principal es reducir la pobreza severa, se plantea hacer la prestación compatible con el empleo, y no ligarla a la situación de paro, como ocurre en la mayor parte de las ayudas actuales.

Además se busca establecer como requisito principal para acceder a la prestación la renta del hogar, y establecer tramos de renta para los hogares pobres, pero «focalizando la ayuda en la pobreza severa», más allá de la situación laboral que vivan esas personas o familias.

desincentivo

Porque ligar las ayudas a la situación de desempleo «supone identificar la pobreza con el desempleo de larga duración, lo que de facto excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse en el mercado laboral».

También se propone que la percepción de la prestación tenga cierta continuidad, para alcanzar un equilibrio; mientras que a nivel institucional se aboga por simplificar el sistema de rentas mínimas evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones». Porque recuerda que también muchos ayuntamientos han puesto en marcha medidas de este tipo.

El coste de esta prestación ascendería a nivel nacional a 5.500 millones de euros, aunque ahorraría 2.000 millones por la supresión del resto de las prestaciones. Y con él se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas (aunque las comunidades pueden complementarla) y sería más eficiente.