Las inversiones sostenibles elevan las acciones de ayuntamientos y Diputación
DL
Los ayuntamientos y las diputaciones han luchado para poder gastar su superávit en las actuaciones que considerasen oportunas desde que se regulara en 2012 la regla de gasto que limitaba sustancialmente su capacidad inversora, cuyo origen fue la reforma constitucional del artículo 135 en 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria.
La norma se suavizó a partir de 2014 y los ejecutivos de Rajoy y en la actualidad de Sánchez han ido permitiendo a los municipios gastar su superávit en «inversiones sostenibles» si cumplían una serie de normas. Los últimos cinco años, las entidades locales de Castilla y León, gracias al relajamiento de las restricciones, pudieron acometer 1.323 actuaciones, con un desembolso de 284,3 millones de euros. Los informes elaborados por el Ministerio de Hacienda sobre la petición de inversiones sostenibles de los municipios y las instituciones provinciales, recogidos por Ical, reflejan que los ayuntamientos sumaron un mayor número de actuaciones, 1.292, que las diputaciones, 31. Las obras acometidas por las diputaciones fueron mucho más importantes que las de los ayuntamientos, ya que sumaron 132,5 millones para esa treintena de proyectos; cuando los consistorios gastaron 151,7 para más de un millar.
El departamento de María Jesús Montero precisa que las actuaciones acometidas en los cinco años ha oscilado dependiendo del ejercicio, así como las inversiones. El año pasado se registraron 284 obras con cargo a las inversiones sostenibles, por un importe de 61,7 millones, la segunda mayor cifra del periodo. Sin embargo, no se superaron los 81,2 millones de 2017, para 243 obras. Asimismo, en 2016, ayuntamientos y diputaciones sumaron 306 inversiones sostenibles por 44,7 millones; en 2015, 294 por 60,7; y en 2014, cuando se abrió la mano, 196 por 36 millones.