El acusado no tenía casa estable y estaba en proceso de desahucio

Contra la decisión del juzgado acordando la prisión provisional del sospechoso, recurre éste en apelación alegando «la ausencia de indicios de responsabilidad criminal ni tampoco motivos «bastantes» para acordarla, diciendo que no es necesaria la cautelar adoptada para asegurar la presencia del investigado, ni para evitar la destrucción u ocultación de pruebas, ni para evitar peligros contra la víctima, interesando se acuerde la libertad provisional con obligación de comparecer, y el alejamiento y prohibición de comunicación», reseña la Sección Tercera.

«Hemos de tener en cuenta que las diligencias traen causa en indicios de delito de agresión sexual. El auto recurrido encuentra indicios del delito y se fundamenta también en la necesidad de evitar el riesgo de fuga, al carecer el investigado de domicilio estable, estando en trámite de desahucio por falta de pago de la vivienda que tiene arrendada, y para evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima».

JUSTIFICACIÓN

En cuanto al fin, «a los efectos que aquí interesan, basta señalar que la prisión provisional responde a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo que parten del imputado, a saber: su sustracción de la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva».

«La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional», explica la Audiencia, aludiendo al Tribunal Supremo.