La fiscalía recurre el archivo del caso que hizo perder 3,5 millones a Hacienda
El Ministerio Fiscal recurrirá el archivo de la causa abierta contra siete personas acusadas de un supuesto delito de fraude fiscal, sobre los que pesaban penas de hasta cuarenta años de prisión y multas por valor de 3,5 millones de euros, que la jueza de Penal 2 de León declaró prescritas. El Ministerio Público sostiene que la prescripción no se ajusta a derecho, por cuanto el procedimiento estuvo paralizado en fase de instrucción por la existencia de una comisión rogatoria que sufrió varios retrasos que, desde el punto de vista de la Fiscalía, no se pueden computar en el marco de los plazos legales.
El cómputo de la prescripción «no se interrumpe por la realización de diligencias inocuas o que no afecten al procedimiento», señaló la jueza en la sentencia. La interposición de la querella se llevó a cabo el 2 de octubre de 2009 «pero entendemos en cambio que el auto que dicta el juzgado instructor en fecha 8 de octubre de 2009, sí cumple con la exigencia y dirige el procedimiento contra el culpable», explica el texto en referencia a la apelación de que el procedimiento no se había dirigido contra los acusados hasta el 23 de noviembre de 2009.
Las denuncias se habían formulado a causa de las declaraciones del IVA correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004. El Ministerio Fiscal solicitaba penas que sumaban en torno a los 40 años de prisión en total para seis de las siete personas. Ninguna de las propuestas de la acusación por parte de la fiscalía ni de la acusación particular ha prosperado, puesto que en el devenir de la instrucción de la causa por la vía penal se agotaron los plazos legales. El bufete leonés de abogados Armesto y Bardal defendió a dos de los investigados.
La sentencia detallaba un prolijo apartado de actuaciones llevadas a cabo «que son innecesarias, pues están relacionadas con la averiguación del domicilio de una de las imputadas para su declaración luego desestimada por la instrucción». No entró el texto a analizar las actuaciones previas al 11 de julio de 2007 ni las posteriores al 22 de noviembre de 2012 «por razones obvias», dice la jueza que determina que procede dictar una sentencia absolutoria contra todos los acusados».