Los juzgados se adelantan en el cumplimiento de las leyes anti tabaco

La queja formulada el pasado mes de mayo por varios fumadores pasivos que trabajan en la sede de los juzgados de Saénz de Miera generó una respuesta contundente por parte del Decanato. El día 22 de ese mismo mes, el juez decano, Carlos Javier Álvarez, remitió una misiva a todos los secretarios judiciales (22) para recordarles que el Real Decreto 192/88 sigue vigente y prohíbe fumar en las dependencias de la Administración donde se atiende al público. Las sanciones por incumplir esa orden pueden suponer el desembolso de hasta 3.000 euros para los infractores. Álvarez remitió, además, las quejas de los funcionarios a la unidad central de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial, al servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución y al fiscal jefe, Félix Herrero. También ha solicitado a la gerencia territorial del ministerio de Justicia que proceda a colocar en los distintos espacios y dependencias del edificio judicial los avisos correspondientes que adviertan de la prohibición de fumar, para cumplir el artículo 8 del Real Decreto. Aún no ha obtenido respuesta. Lo que sí se ha logrado es recordar a los trabajadores de Justicia que fuman que sean solidarios con sus compañeros no fumadores y si desean consumir tabaco salgan a la calle, a los pasillos o a las escaleras del inmueble. Las limitaciones en la venta y en el uso del tabaco para la protección de la salud de la población se justifican en la normativa del 4 de marzo de 1988. Según indica, numerosas instituciones nacionales e internacionales han establecido los riesgos que para la salud entraña el hábito del tabaco. Riesgos para la salud La Organización Mundial de la Salud define entre sus objetivos prioritarios instar a los gobiernos para que adopten las medidas necesarias para disminuir ese hábito, considerado uno de los principales agentes causales de la morbilidad y mortalidad en la población adulta. Todos los países europeos refrendaron esa idea. Muestra de ello fue la elaboración del programa de las comunidades europeas contra el cáncer, dentro del cual la lucha contra el tabaquismo ocupa un lugar prioritario. Las primeras líneas del Real Decreto son para incidir en los datos científicos que demuestran los riesgos para la salud de los no fumadores que están en ambientes donde se fuma. Por eso la normativa arbitra los medios para que el derecho a la salud de esos ciudadanos sea respetado y «puedan desarrollar su actividad cotidiana sin riesgos no deseados y sin discriminación». En los juzgados leoneses se acaba de tomar buena nota.