Diario de León
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EL silencio de ETA durante bastantes semanas, consecuencia sin duda del intensísimo acoso policial que ha deparado éxitos notorios en la lucha antiterrorista, se había vuelto sin embargo sospechoso. Dada la urgencia preocupante del nacionalismo democrático vasco por impulsar las tesis soberanistas con las que concurrió a las últimas elecciones autonómicas, no resultaba del todo descabellado pensar que quizá existiera un pacto tácito semejante al de Lizarra entre las fuerzas políticas que sostienen al Ejecutivo vasco y las fuerzas radicales. La reciente aprobación por el Parlamento Vasco del dictamen de autogobierno con el apoyo expreso -por omisión en este caso de Batasuna- abonaba esta hipótesis, que algunos no llegamos a aceptar, puesto que hubiera sido una indignidad que unas formaciones democráticas consiguieran acuerdos con una organización terrorista o con su brazo político sin exigir antes el fin de la violencia. ETA se ha ocupado de desmentir con su proverbial lenguaje macabro aquella posibilidad. Pero, al margen de esta constatación, el atentado indiscriminado del domingo en Santa Pola, un verdadero delito de lesa humanidad (no vale el pretexto de la cercanía al cuartel de la Guardia Civil para poner en cuestión este carácter particularmente grave de la ''acción'' terrorista), no es inteligible en términos políticos. Lo único incuestionable en esta hora es que, ante esta nueva y brutal agresión, deben redoblarse los esfuerzos políticos y policiales para extirpar el cáncer. Y que, para ello, deberían ceder las serias discrepancias que han dado al traste con la unidad democrática frente al terror, por el procedimiento de modificar en cuanto resulte necesario los órdenes de preferencia de los partidos. La sociedad de este país, la vasca en concreto, deberá sentirse perpleja si, cuando el delirio se reproduce tan sanguinariamente, quienes alardean de demócratas mantienen entre sí distancias abismales, en las que los apóstoles del asesinato encuentran indudables asideros. El atentado de Santa Pola marca un hito singular en la carrera de ETA. Primero, porque coincide con el cenit de la reivindicación institucional del nacionalismo democrático. Después, porque es el primero de extrema gravedad que se produce tras la promulgación de la nueva Ley de Partidos. Las palabras de Aznar, ayer, fueron bien expresivas: «hasta aquí hemos llegado»; y el Estado no va a tolerar que campen por sus respetos los dirigentes de Batasuna mientras los demócratas tenemos que volver a enterrar a nuestros muertos. Es claro que, para bien o para mal, la maquinaria engrasada del nuevo rigor legal frente al terrorismo y sus círculos macabros está a punto de ponerse en movimiento. Sea como sea, esta irrupción salvaje de ETA en un país que trataba de relajarse en agosto con el saldo inconcebible de dos nuevas muertes ha roto las últimas resistencias que frenaban el recrudecimiento de la lucha que la civilización tiene emprendida contra la brutalidad.

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