Diario de León

CRÓNICAS DE AGOSTO

Los desastres de la inmigración

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León

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El escándalo se suscitó hace meses, en el pasado octubre, cuando se supo que el Ayuntamiento de Las Palmas había pagado el viaje a 200 inmigrantes que se desplazaron a Madrid, pero sólo recientemente se ha sabido que esta práctica es habitual y fomentada por el propio Gobierno sin que se haya producido desmentido oficial alguno ni reacción política significativa: el problema suscitado en las islas Canarias por la sobresaturación de inmigrantes ilegales, muchos de ellos procedentes de países subsaharianos, se resuelve por el procedimiento de embarcar a estas personas en aviones que parten hacia diferentes destinos peninsulares. Obviamente, sólo son trasladados de este modo irregular y alegal aquellos individuos que no pueden ser devueltos a sus países de origen porque estos no los aceptan. Y, casi siempre, después de que hayan permanecido en los centros de internamiento de extranjeros el máximo tiempo autorizado por la norma: cuarenta días. Significativamente, estos trasvases se hacen subrepticiamente y sin alarde, en aviones nocturnos, como si se quisiera que pasasen inadvertidos, pero tampoco se desmienten o se niegan. Es notorio que los responsables de la política de inmigración no saben materialmente qué hacer con estas personas, cada vez más numerosas, que no tienen adónde ir. Es comprensible el embarazo de los responsables gubernamentales ante los crecientes flujos de inmigración ilegal que se cuelan por todos los intersticios. Pero tampoco se ve un gran empeño en conseguir acuerdos con los países emisores de inmigración -que deberían alcanzarse a escala de la Unión Europea-, que darían al problema una solución onerosa pero racional y eficaz. No se entiende, por ejemplo, que cuando nuestro país ha formalizado una magnífica relación con Argelia no se haya aprovechado la coyuntura para lograr un acuerdo bilateral de inmigración. Y, desde luego, constituye una grave irresponsabilidad, francamente inconcebible, que se deposite a los infortunados inmigrantes en cualquier encrucijada de Madrid o Barcelona para que resuelvan ellos mismos el problema de su supervivencia. Hacer tal cosa y preguntar poco después en una encuesta si existe o no relación entre inmigración y delincuencia es de un cinismo y de una hipocresía intolerables. Si se es incapaz de gestionar el fenómeno migratorio, si no se tiene la capacidad de frenar la inmigración ilegal, habrá que cargar con el costo de acoger e integrar a quienes en todo caso continúan llegando, aunque tal cosa descabale las previsiones presupuestarias, aunque ello suponga renunciar al «déficit cero». Pero no acaba aquí la sinrazón: además de no hacerse nada ante la acumulación creciente de inmigrantes ilegales se permite con la misma pasividad que éstos celebren ruidosos encierros para reclamar soluciones legalmente imposibles a su problema. Es fácil de entender la desesperación de los infortunados que, además de padecer su irremisible desvalimiento, presienten que han caído en las inextricables redes burocráticas de un país en muchos aspectos kafkiano. Pero resulta evidente que la autoridad democrática debe huir casi por instinto de la paradoja: no es lógico que se permita exigir lo que no puede concederse, ni es por tanto razonable no desalentar las peticiones vedadas por la ley. De nuevo son patentes estos días los síntomas de gran embarazo de las distintas administraciones al no saber qué hacer con los 270 inmigrantes que han permanecido encerrados dos meses en la sevillana universidad Pablo de Olavide.

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