La ley del ‘sólo sí es sí’ supera su primer escollo

El PP y Vox se han quedado solos este jueves en el pleno Congreso al defender sendas enmiendas a la totalidad a la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, una norma que inicia ahora su andadura parlamentaria defendida por la mayoría de la Cámara como un avance feminista en defensa de las víctimas.

A pesar del apoyo mayoritario a la tramitación de un proyecto en el que han trabajado largos meses los ministerios de Igualdad y de Justicia, muchos portavoces han avanzado que lo enmendarán en profundidad y el PSOE ha avisado que lo hará para caminar hacia la abolición de la prostitución, aunque no haya acuerdo sobre el tema. La enmienda del PP ha sido rechazada con 244 votos en contra, 91 a favor y 12 abstenciones, mientras que la de Vox ha contado con 205 noes, 55 síes y 88 abstenciones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, subió a la tribuna a defender el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que aseguró, busca romper el silencio de las víctimas: «Este gobierno, este Estado os cree, y esta ley es solamente el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí».

La norma reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y para borrar la distinción entre abuso y agresión sexual. Reconoce además nuevos derechos a las víctimas y avanza en la lucha contra la explotación sexual al castigar a quien ejerza proxenetismo «no coactivo» (no violento) o se beneficie del alquiler de pisos o prostíbulos (tercería locativa). «Vamos a decirles a esas mujeres que, tras muchos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin sus testimonios y sus experiencias importan. Por fin serán escuchadas», recalcó Montero, que pidió al PP «volver al campo de juego del Pacto de Estado contra a la violencia de género».

La portavoz del PP, Marta González, defendió la enmienda de su grupo, con texto alternativo, en línea con el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial al proyecto. El PP disiente de la definición del consentimiento expreso —«¿Dónde queda la presunción de inocencia?», se preguntó la diputada— y rechaza que desaparezca la distinción entre el abuso y la agresión porque, a su juicio, en la práctica supone una rebaja de los penas a los delitos más violentos. Con esta ley, ha advertido, los miembros de La Manada, que fueron condenados a una pena de 15 años, solo podrían ser castigados con diez años.

La diputada de Vox Carla Toscano, que vestía una camiseta con el lema #NotMeToo, defendió la devolución del texto al Gobierno al considerar que es «inútil», «demoniza y criminaliza a los hombres» y ataca de manera «contumaz» el principio de igualdad. Tras asegurar que con esta ley los hombres pueden acabar en el calabozo con una denuncia falsa, detacó que «ha recibido más palos que una estera» del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado y supone «una chapuza jurídica, que hay que devolver a la cochiquera».

En nombre del PSOE, Adriana Lastra dijo un «no» rotundo a ambas enmiendas. «En un país donde se denuncia una violación cada cinco horas, ridiculizar el consentimiento expreso debería darles vergüenza», ha espetado a la derecha.

Desde el PNV, sin embargo, Joseba Agirretxea pidió un debate en profundidad sobre el fenómeno de la prostitución, al margen de esta ley, y desde Junts, Pilar Calvo coincidió en la necesidad de escuchar también la voz de «las trabajadoras del sexo».

Para Isabel Pozueta, de Bildu, sobran los «paternalismos»: «Una cosa es que no te guste la prostitución, y otra cosa es que sea un delito.

En el debate, la mayoría de los portavoces cargó con dureza contra el texto y el discurso negacionista de Vox. «Yo sé de una que ha sido violada y no ha ido a denunciarlo. Si quieren se la presento», les espetó la diputada de ERC Pilar Vallugera. Junto a la ley, la diputado de Unidas Podemos Sofía Castañón reclamó un pacto social, cultural y judicial para que las violencias no formen parte de la cotidianidad. Las portavoces de Ciudadanos y del PdCat prefirieron abstenerse ante la enmienda del PP al no compartir en su totalidad el proyecto del Gobierno.