«Los jueces no tenemos culpa de todo lo que funciona mal en la justicia»

Carlos Javier Álvarez tomará posesión esta mañana como presidente de la Audiencia Provincial de Palencia, cargo para que el fue elegido con un apoyo incontestable por parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En su despedida de casi siete años de desarrollo de carrera judicial en León, a la que accedió en 1980, el ex juez decano lamenta no poder haber contado durante su estancia en el decanato con un segundo juzgado de lo contencioso en León y desmitifica la lentitud en la resolución se asuntos en penal, civil y social. Carlos Javier Álvarez, que entiende de forma positiva el pacto por la justicia, advierte de que sólo la dotación económica de la ley hará posibles sus objetivos. -¿Qué balance de actividad hace después de su cargo al frente del decanato de los jueces? -Un periodo muy duro, porque cuando fui nombrado había poca actividad, y coincidiendo con mi llegada esta fue en ascenso; no por mi mérito, si no porque fue así. Cada vez más funcionarios y más actividades relacionadas con la responsabilidad del cargo. En principio estoy satisfecho, porque se logró el juzgado número 11 y la división de las jurisdicciones. Creo que también se han logrado mejorar las medidas de seguridad dentro de los edificios de los juzgados. -¿Quedaron pendientes algunas cuestiones? -Pues terminar de definir las medidas de seguridad del edificio y la implantación de un segundo juzgado de lo contencioso, que estaba prometido y al final no se ha llevado a cabo y queda pendiente. -¿Considera positiva la división de jurisdicciones de primera instancia e instrucción?. -Creo que ha sido un éxito; es una medida que se está estendiendo en toda España, en los lugares en los que haya más de diez juzgados, la división de jurisdicciones entre primera instancia y la instrucción de los casos. Incluso, por debajo de ese número de juzgados se está generalizando la división. Es necesario, sobre todo desde que entró en vigor la ley de enjuiciamiento civil, porque es muy complicado llevar al mismo tiempo lo civil y la instrucción penal es muy complicado; los juzgados que siguen siendo mixtos tienen muchos problemas. Esto no impide que haya otro tipo de problemas de fluidez en la solución de expedientes; porque creo que juzgados de primera instancia hay pocos, de instrucción debería haber alguno más, sobre todo para desarrollar bien los juicios rápidos. En general creo que funciona bien, que ha sido un éxito. -¿Qué cuestiones supone esenciales a la hora de que las administración autonómica negocie el traspaso de competencias en materia judicial desde el sistema estatal? -Eso son cuestiones en las que no voy a opinar porque no es mi cometido; pero creo que es cierto que será necesario un gran esfuerzo económico por parte de la comunidad autónoma para asumir las competencias. No sólo porque hay un gran número de funcionarios de justicia vitales para el funcionamiento del sistema, sino porque hacen falta muchos medios materiales y humanos para su correcto funcionamiento. Hará falta un esfuerzo presupuestario importante, porque parece que la justicia siempre es la última a la hora de la financiación. -¿Es un tópico en los juzgados de León la afirmación de que la justicia es lenta? -Estoy de acuerdo en que la justicia lenta no es justicia, o es menos justicia. Ahora, yo rechazo que en los juzgados de León la administración de justicia sea lenta. Pienso que hay lentitud en algunos temas, en algunas jurisdicciones, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa. En León, al menos, la justicia civil y la penal funcionan bien; la justicia social funciona muy bien. La contencioso administrativa recoge muchos retrasos, es más lento. Ese sería un tema pendiente de resolver. -¿Y cómo se ha planteado la resolución de esa lentitud en los expedientes contenciosos en el juzgado de León? -Las cifras son concluyentes. Hay una cuestión llamativa. Las necesidades de León pasan por ese segundo juzgado, que aquí acumula mil trescientos asuntos al año, mientras que cualquier juzgado de Madrid de lo contencioso registrará, aproximadamente, trescientos asuntos anuales. Como máximo una media de cuatrocientos asuntos. La diferencia es notable, y más cuando el módulo máximo cifrado por el Consejo habla de seiscientos asuntos. Estamos ante una diferencia que es casi el doble. De ahí la solicitud para crear un segundo juzgado de lo contencioso en León. -¿Influyen los casos de incumplimiento de condena que producen alarma social en la imagen de la labor de los jueces? -Los jueces pagamos el coste de todo lo que acontece en torno a la administración de justicia. Y el ciudadano debe saber distinguir entre la función relativa a la labor judicial y otra que es legislativa, las leyes, que los jueces estamos para respetar y aplicar. Sea buena o mala, los jueces no podemos eludir la aplicación de la ley. Tampoco no somos responsables de la carencia de medios de la administración de justicia, que es competencia del Estado o de la administración autonómica. Hay errores en la función de los jueces, como los hay en la de los médicos o de los albañiles. Hay veces, que sin errores de por medio haya decisiones polémicas que pueden no compartirse; pero se deriva por sistema hacia los jueces culpas que corresponden a la falta de medios en la administración de justicia. Es como si al médico le hacemos culpable de que no se cure a un paciente porque no hay medios técnicos para ello. Existe la figura de la redención y la rehabilitación. Eso está en la Constitución. Lo que no puede ser es que porque se aplique la ley y se aplique la constitución se nos culpe a los jueces de hacer mal nuestro trabajo. Eso no puede ser. Los jueces no tenemos la culpa de todo lo que funciona mal en la justicia. -¿Se advierte un paso atrás en materia de libertades? -A partir de situaciones como la que antes se ha comentado, es evidente que hay un grave retroceso en materia de garantías y de libertades, que están en las Constitución, que todos nos hemos dado en este país y eso no nos puede llevar a acabar con garantías que son de todos los ciudadanos; y eso no tiene nada que ver con la pretensión injusta de equiparar delincuencia con emigración. No estoy para nada de acuerdo con esa consideración. -¿Qué papel tiene el juez en el pacto por la justicia? -También debe saber el ciudadano que trabajamos bajo una gran presión y que en muchos casos estamos al límite. Se buscan resultados. Para que funcione el pacto por la justicia hacen falta más medios. Y no se están creando más jurisdicciones, nuevos juzgados. El ciudadano debe saber que a los jueces nos están forzando para solucionar cuantitativamente retrasos en la justicia sin preocuparse de la calidad.