Los planes de igualdad sólo están al día en tres empresas leonesas

Sólo una de cada cinco empresas que a partir del próximo 7 de marzo debe tener un plan de igualdad cuenta con uno, según los datos de Gobierno y sindicatos, una situación que puede acarrear a estas compañías sanciones de entre 750 a 7.500 euros

Ante la entrada en vigor hoy, de la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para las empresas de 50 a 100 trabajadores (las mayores ya lo estaban), unas 20.000 empresas están aún pendientes de aprobar uno, una situación que atribuyen al exceso de burocracia y a la dificultad para negociarlos.

En León, ese porcentaje es aún menor; sólo 3 de 83 empresas obligadas por ley ha cumplido con este precepto, según detalló ayer Comisiones Obreras.

El 8 de marzo de 2019 entró en vigor el decreto ley con medidas para garantizar la igualdad laboral, norma que fue posteriormente desarrollada en un reglamento en 2020 y que establecía la obligación para las empresas de contar con un plan que promoviera la igualdad entre los trabajadores de cada compañía.

El decreto fijó un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores negociaran con los representantes de los trabajadores, elaboraran y aplicaran un plan de igualdad (2022), dos años para las de entre 100 y 150 empleados (2021) y un año para aquellas cuya plantilla supere las 150 personas (2020).

Desde el Ministerio de Trabajo la cifra de planes de igualdad registrados ronda los 4.700. Según los datos proporcionados por UGT, son 4.679 los planes de igualdad registrados con acuerdo con los representantes de los trabajadores, de un total de 25.000 empresas que estarán obligadas, desde el día 7, a tener uno.

Del total de empresas que tienen que negociar y registrar un plan de igualdad, la mitad tiene entre 50 a 99 trabajadores, mientras que el 33 % cuenta con entre 100 y 249 empleados, y el 19 %, con más de 250, según los datos facilitados por CCOO.

En términos territoriales, más del 40 % de las empresas están en Cataluña o Madrid, que son también las comunidades en las que más planes quedan por registrar.

Entre los problemas encontrados a la hora de elaborar un plan de igualdad, tanto las empresas como los representantes de los trabajadores ven un exceso de burocracia y falta de apoyo financiero estatal para los sindicatos que no alcanzan a negociar todos los planes pese a ser requisito indispensable que salga con acuerdo. La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, reclama en declaraciones a Efe «ayuda estatal» para sostener las negociaciones de estos planes por parte de los sindicatos, que deben actuar incluso en empresas y sectores que no tienen representación sindical.

En el mismo sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha recordado en varias ocasiones que es necesario dotar de recursos desde la administración para implementar los planes de igualdad, para evitar que se conviertan en un trámite burocrático.