El juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica arranca mañana en Madrid y durará hasta diciembre

10 DE NOVIEMBRE

Las cuestiones previas marcarán el inicio de la sesión. Las partes presentarán sus últimas alegaciones y a posteriori se iniciarán los interrogatorios sin orden fijo.

14 AL 17 DE NOVIEMBRE

A la espera de confirmación de la AN, se supone que esta semana se dedicará a los investigados y a la respuesta a las principales preguntas.

28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

Testigos y peritos se encargarán de refrendar con sus testimonios las pruebas que obran en la instrucción para obrar en consecuencia.

De los tres grandes sucesos que convirtieron a León en el epicentro de la crónica negra nacional en el año 2014, solamente quedaba por juzgar este caso. El 12 de mayo murió asesinada Isabel Carrasco. La autora material de los disparos fue condenada a 22 años de prisión, su hija a 20 y la agente de Policía Local considerada cómplice, a 14 años.

El 13 de septiembre de aquel mismo año murió asesinado a tiros Roberto Larralde. Un jurado popular declaró culpable de organizar la trama para acabar con su vida a un industrial de la Montaña Oriental con quien su esposa había tenía cierta vinculación sentimental. También se declaró probada la autoría de los disparos por parte de un segundo condenado que falleció mientras estaba en prisión. El resto de acusados, condenados primero, resultaron absueltos por falta de pruebas según el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Por el tercer episodio de aquella saga, cuyas detenciones tuvieron lugar el 27 de octubre, se sientan en el banquillo desde este jueves seis personas, acusadas de formar una trama ilícita para mejorar la imagen y la reputación de cargos políticos de la Diputación Provincial a cargo de la adjudicación de contratos públicos para la explotación de diferentes servicios relacionados con el gobierno provincial.

De acuerdo a las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, las sospechas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se inician cuando en el marco de una investigación, se encuentran conversaciones telefónicas de Alejandro de Pedro, un conseguidor que centraliza la trama en otros puntos del país, que trabajaba en cooperación con José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) en empresas dedicadas a mejorar la reputación de los cargos políticos a través de periódicos digitales zombies , falsos medios de comunicación que simplemente publicaban noticias positivas de los interesados para mejorar su reputación en Internet.

Anticorrupción pone el punto de partida en el relevo de Isabel Carrasco como presidenta del PP. Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación, entendía que Eduardo Fernández, entonces presidente provincial del partido, y Alfonso Fernández Mañueco, secretario general del partido en la Comunidad, discutían su candidatura. Por ello recurrió a De Pedro y Conesa, puesto que sus servicios ya habían sido utilizados por Carrasco previamente. Precisamente esa será la línea argumental de la defensa de Barazón, quien sostiene que lo único que hizo fue dar continuidad a contratos que ya había firmado la presidenta durante su mandato.

Confluyeron dos factores. Martínez Barazón pretendía sacar adelante un ambicioso proyecto para unificar la estación de San Isidro con la de Fuentes de Invierno y De Pedro quería optar junto a Conesa a los contratos de explotación de algunos de los servicios que se prestarían en el nuevo proyecto.

«Ahora cafeterías hay tres», le explica Barazón a De Pedro en una conversación intervenida por la Guardia Civil. «Una está dada todavía por otro año más, no podemos hacer nada. Otra es El Rebeco, que va a salir a concurso y otra la de abajo que también va a salir a concurso. La idea es por un lado planificar un desarrollo de actividades que desarrollaríais vosotros y que tendríamos que sacar a contratación, pero ya lo sacaríamos de manera que pudiéramos adjudicároslas a vosotros, porque sois los que las habéis planificado, los que mejor sabéis hacerlo y los que mejor presentaríais ese plan», le explica Barazón a De Pedro. «Y por otro lado, el tema de las cafeterías».

De Pedro replica en uno de los pasajes más explícitos de la conversación: «Ahí ya tenéis que cambiar la planificación de comunicación, porque ya vendéis más kilómetros». Marcos Martínez le responde: «Lo cuantificas y me lo dices».

El juez instructor, Eloy Velasco, considera probado que el pago de los servicios de reputación se facturó a través de Gersul a las empresas Madiva y Eico, propiedad del conseguidor. También se pagaban de este modo las supuestas intercesiones de este mismo ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o del vicesecretario, Javier Floriano. «El cabrón de Mañueco es un hijo de la gran puta de primera. No me la han clavado ayer de milagro diciendo a Cospedal que todo el mundo apoya a Eduardo (Fernández) cuando nadie le puede ni ver», refiere Barazón en otro fragmento de las grabaciones.

Anticorrupción cree que se abonaron de esta forma cerca de 90.000 euros a las empresas de Alejandro de Pedro. Pero advierte que los pagos se veían realizando desde enero de 2012 hasta septiembre de 2014. De esos 33 meses, 29 corresponden a la etapa de la anterior presidenta.

A Pedro Vicente Sánchez, diputado provincial entonces y alcalde de Puebla del Lillo, se le atribuye la cuarta imputación y un papel de confianza del presidente «pese a que había otros diputados mucho más vinculados a los contratos de la estación de esquí», refleja uno de los escritos del sumario, el auto por el que la de León se convierte en la pieza separada número 2 de la causa.

Se considera probado que dirigió la visita que los otros encausados giraron a la estación y «alegó de forma recurrente razones de urgencia para fraccionar los contratos de tal forma que no tuvieran que salir a concurso público», explica el Juzgado Central de Instrucción 6.

El quinto investigado es Jesús López, interventor de la Diputación. «A ese no se le puede meter en esto porque ya le han pillado en otras», expone Barazón a de Pedro en otra conversación telefónica interceptada. Se refiere el presidente en ese pasaje a un episodio en el que «estuvo inmerso en un procedimiento judicial por ofertar unos apartamentos de su propiedad sitos en la estación de esquí de San Isidro a escolares que iban a hacer cursos de ese deporte invernal a la citada estación, con subvenciones procedentes u otorgadas desde la Diputación de León, lo que le debía haber prevenido para la abstención en esos intereses en el futuro», dice el auto.

Participó en diferentes reuniones «encaminadas a que los contratos fueran adjudicados al entorno de Alejandro de Pedro». Por «razones espúreas» se le atribuye el papel de «cooperador necesario» puesto que en sus atribuciones como funcionario público figura «la de velar por los principios legales que inspiran la neutralidad de una contratación pública». Barazón se lo confirma a De Pedro: «No va a poner ningún problema».

Guadalupe Caballero Carrascosa es la sexta persona a la que se le atribuye participación en esta pieza. Es una empleada de las empresas Madiva y Eico y el instructor entiende que se encargaba «con mendacidad» de elaborar las facturas y la documentación que justificaban los trabajos que luego se facturaban a la Diputación Provincial de León. Hubo en tiempos otros dos empleados investigados.

Malversación y falsedad documental: cuatro años de prisión e inhabilitación por siete años.

Fraude: 18 meses de prisión

Cohecho (alternativa): cuatro años de prisión y multa de 18 meses. Inhabilitación para obtener subvenciones el contratar con el sector público tres años.

Malversación y falsedad documental: cuatro años de prisión e inhabilitación por siete años.

Fraude: 18 meses de prisión

Cohecho (alternativa): cuatro años de prisión y multa de 18 meses. Inhabilitación para obtener subvenciones el contratar con el sector público tres años.

Malversación y falsedad documental: tres años y seis años de inhabilitación especial.

Había dos empleados más de la misma empresa que habían sido investigados pero se retiran los cargos que pesaban sobre ellos, por lo menos en las calificaciones provisionales.

Malversación y falsedad documental

5 años y medio de cárcel

Fraude

1 año y medio de prisión

Tráfico de influencias: 1 año.

Además se enfrenta a diez años de inhabilitación y una multa de 150.000 euros.

Malversación y falsedad documental

5 años y medio de cárcel

Fraude

1 año y medio de prisión

Cohecho (alternativa): 4 años de prisión y multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios (5.400 euros).

Malversación y falsedad documental

5 años y medio de cárcel

Fraude

1 año y medio de prisión e inhabilitación como funcionario por ocho años.

Multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios (5.400 euros).