Suspendido el juicio de la Púnica hasta el día 28

Los magistrados responsables de la pieza leonesa de la Operación Púnica decidieron ayer la suspensión del juicio, tras la propuesta del letrado de Eico y Madiva, las empresas investigadas, que alegaba «evidente indefensión» de sus clientes, que desconocen el contenido de la prueba propuesta la semana pasada por parte de las fiscales Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez.

La solicitud había generado momentos de tensión en la sala. Cerdá acusó a los letrados de venir al juicio «con los deberes sin hacer». No entendió la fiscal que «desde 2018» no hayan tenido tiempo de estudiar las actuaciones. Gálvez ha dicho que si se ha resumido el material solo ha sido por economía procesal.

Los responsables de la vista decidieron que hasta el día 28 de noviembre no se reanuden las sesiones y dieron plazo a las defensas para que estudien la nueva documentación. El juicio ahora no concluirá el 1 de diciembre, como estaba previsto, ya que será necesario recuperar las cuatro sesiones de esta semana que ahora se pierden.

Los abogados están preocupados por la «ingente cantidad de documentación» que se ha aportado a última hora «sobre la que nuestros clientes no tienen información» cuestión que limita el derecho a defensa.

Fue especialmente crítico el letrado de José Antonio Alonso Conesa. La defensa de Martínez Barazón manifestó «que a día de hoy» no ha recibido esa documentación: «Si son parte de otra causa, no entendemos que se incluyan en este juicio», dijo la abogada. Tampoco entiende esta parte que la Fiscalía «teledirija la causa a su antojo». Están «desvirtuando el sentido de la acusación», dijo Natalia Escanciano. Lo mismo expresó la defensa de Pedro Vicente Sánchez, que presentó una protesta. Juan Carlos Zatarain rechazó en nombre de Jesús López que haya renunciado al testimonio de Henar Bardón, secretaria de la Diputación y Miguel Ángel del Egido, diputado de Turismo en la etapa de los hechos. Reiteró su intención de que declaren como testigos.

Seis personas están acusadas de formar parte de una trama de concesión supuesta de contratos para explotar servicios en la estación de San Isidro a cambio de mejorar en Internet la reputación del entonces presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, para el que se proponen ocho años de prisión por malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias.

Siete años de cárcel solicitan las fiscales para Pedro Vicente Sánchez, diputado provincial entonces y Jesús López, en aquella época interventor. Cinco años y medio se proponen para el conseguidor, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa.