Un centenar de leoneses se suman a la demanda colectiva del cártel de coches

Alrededor de un centenar de leoneses se han sumado a la demanda colectiva que se presentará en las próximas fechas contra las principales marcas de vehículos del país, sobre las que pesa una demanda de dimensiones macro por la acusación que soportan de haber pactado el precio de los automóviles para eludir la libre competencia y fijar cuantías más elevadas de las que corresponderían a las ventas en el caso de que se fijaran las cuantías de las ventas con normalidad.

El asunto se destapó a raíz de la decisión del grupo Volkswagen en 2013 de desmarcarse del resto de fabricantes y presentarse ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con ese gesto con el que el fabricante delató a la «organización secreta e ilícita» del cártel de coches.

Volkswagen se libró entonces de una multa de cerca de 40 millones de euros por su decisión y por aportar detalles y documentación de las prácticas ilegales que es estaban llevando a cabo. Las sanciones fueron recurridas por los fabricantes ante la Audiencia Nacional. El asunto llegó al Tribunal Supremo. Sin embargo los recursos fueron desestimados en las dos instancias.

Los cálculos estimativos plantean que se denuncia solamente el 10% de los casos existentes, alrededor de 7,3 millones en la práctica real. La macrocausa que se podría abrir de forma inminente por este asunto afecta a muchos más, pero de momento solamente un centenar de personas residentes en la provincia de León han determinado la conveniencia de sumarse a la iniciativa, aunque la cifra real de afectados es muy superior.

RESOLUCIÓN PARA LEÓN

León ya cuenta con una resolución relevante desde octubre del año pasado, la primera vez que un tribunal admitía la legitimidad de una demanda de los afectados por el cártel de coches y esa victoria judicial lleva sello leonés, al haberla promovido el director ejecutivo de RBH Global, Pablo Roberto.

El Juzgado de lo Mercantil número 5 de los de Madrid ya falló en favor de un cliente leonés y recordó que, en las reclamaciones por existencia de cárteles, el plazo de reclamación se amplía a cinco años, como así viene establecido en una directiva europea. De este modo, y siempre según el criterio del tribunal madrileño, los afectados podrían interponer sus demandas hasta abril de 2026. Los bufetes de abogados leoneses están realizando diversas campañas de promoción para recordar a quienes adquirieron su vehículo entre 2006 y 2013 que pueden acogerse a la medida.

DEVOLUCIÓN DEL 15%

El importe de la indemnización que pueda obtener cada persona dependerá de las circunstancias del caso. No obstante, por experiencia de este despacho en asuntos similares, las indemnizaciones podrían rondar entre un 10% y un 15% del precio de adquisición del turismo. Se calcula que ese fue el aumento de coste que sufrieron los compradores al realizar la transacción en su momento y que ahora todavía están en posibilidades de recuperar.

En algunos casos se han determinado recuperaciones de hasta 4.000 euros por las cuantías de loso sobrecostes que se han apreciado. Todo va en función de las características de los vehículos y sus condiciones.

Los documentos necesarios para poder iniciar los trámites de reclamación son el contrato de compraventa (compra, leasing o renting) o factura emitida tras el mismo, justificante de pago bancario o contrato de financiación y permiso de circulación o ficha técnica del vehículo.

Para el caso de no disponer de estos dos últimos documentos porque el vehículo ya no se encuentra en poder del afectado, contrato de venta, documento de traspaso de tráfico, o cualquier otra documentación que permita identificar el turismo adquirido en su momento. Para reclamar judicialmente en condición de persona afectada por el cártel es conveniente formular previamente una reclamación extrajudicial. Tanto para reclamar en vía extrajudicial como judicial es conveniente acudir a un abogado especializado en las materias que engloban este tipo de procedimientos. También será necesario contar con el informe de un perito economista.

La cuantificación del daño se realiza mediante la elaboración de un informe pericial económico en el que se registren productos comprados, procesos de adquisición de vehículos, precios finales, potenciales programas de descuentos, interacción con los servicios de postventa…

El objetivo de la pericial económica en estas circunstancias es el de comparar las transacciones realizadas por el reclamante en el momento de su ejecución con las circunstancias que se deberían haber dado en condiciones de libre mercado y siguiendo las pautas marcadas por los códigos de competencia.

Esto es, comprobar el daño que generó el abuso de poder por parte del cártel de coches y su sobrecoste.