Tribunales
Ratifican los 15 meses de prisión para el hostelero que defraudó 100.000 euros a Hacienda
La sentencia incluye una multa añadida de casi 70.000 euros

Edificio de la Audiencia Provincial de León
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la pena de 15 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a un empresario hostelero leonés, acusado de defraudar 109.000 euros a la Seguridad Social, por lo que deberá de devolver el dinero pendiente y satisfacer además una multa de casi 70.000 euros.
El acusado comenzó a explotar un negocio de bar-restaurante que contaba con dos o más empleados, además del trabajo personal del acusado, y que tenía rendimientos adecuados a la actividad, con gran afluencia de público en fines de semana y en el que los camareros, siguiendo las órdenes del acusado, cobraban a los clientes en efectivo y sólo cuando no había más remedio utilizaban los sistemas electrónicos de cobro, todo ello con el objeto de ocultar los reales rendimientos del negocio.
No sólo no satisfacía las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, "sino que tampoco ingresaba las cuotas obreras detraídas del salario de los trabajadores y con el objeto de dificultar las labores de inspección, tampoco presentaba mensualmente los documentos de cotización de sus trabajadores para que la Tesorería conociera las bases de cotización, y durante los periodos indicados sólo los presentó en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, octubre y noviembre de 2016 y enero de 2017", dice la sentencia.
La primera de las mercantiles de su propiedad adeuda a la Tesorería General de la Seguridad Social 137.989 € y la segunda 116.169,55 €, por cuotas impagadas, deudas que han sido declaradas prescritas por la Tesorería.
Según la sentencia, en el procedimiento de recaudación ejecutiva para cobrar la deuda, el acusado y la sociedad referida han sido declarados insolventes y la deuda declarada como crédito incobrable por no haber sido posible encontrar bienes sobre los que actuar, sólo pudo realizarse un embargo en una cuenta bancaria por importe de 394,30 €, habiendo mostrado el acusado una actitud hostil con las labores de inspección, hasta el punto que, tras un incidente con un inspector, la mercantil citada fue clasificada con clave de incidente de instrucción, que implica que los inspectores deben acudir a las visitas de inspección acompañados por la Policía Nacional o por otros agentes de la autoridad.