El Procurador exige al alcalde de León que aplace por ilegal la restricción en las zonas peatonales
Advierte de que es necesaria una ordenanza para impedir circular a los vehículos
El portavoz del PP, David Fernández, comunicó ayer la resolución del Procurador del Común. dl
El Ayuntamiento de León debe «valorar la oportunidad de no imponer restricciones a la circulación de vehículos dentro de las zonas peatonales» de las calles Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín y Ramiro Valbuena, «hasta que no sea aprobada la ordenaza correspondiente, que proporcione la debida cobertura normativa». Una aprobación que «debe realizarse a la mayor brevedad, pero garantizando en todo caso el cumplimiento de las exigencias procedimentales y de contenido legalmente previstas», según la exigencia del Procurador del Común, que considera que la regulación actual no se ajusta a la legalidad y exige la aprobación de una ordenanza que deberá ser tramitada conforme a la ley y aprobada en pleno municipal. Muy lejos de la normativa dada hasta ahora por buena por el equipo de gobierno municipal, que reconoce además que es «provisional».
Así lo recoge en una dura resolución realizada a instancias del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León, que considera que las obras de peatonalización realizadas suponen en realidad «implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por la puerta de atrás, saltándose la ley». El Procurador del Común advierte además al equipo de José Antonio Diez de que «las medidas de restricción de vehículos en estas zonas deberán ser adecuadamente motivadas en cuanto a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad». Sin olvidar «las situaciones de vulnerabilidad de las personas residentes en la zona».
El informe del Procurador señala que el Ayuntamiento de León ha realizado las obras de peatonalización en todas esas calles para implantar una zona de bajas emisiones, y para ello ha aplicado su Ordenanza Reguladora de Tráfico y Seguridad Vial, que por decisión del propio alcalde ha restringido la circulación de vehículos. Aunque en su argumentación el equipo de gobierno advierte de que tiene que aprobar una ordenanza para determinar la ZBE que se le exige, que determinará que «las actuaciones en las calles objeto de la queja forman parte, no formen parte o lo hagan de manera parcial de la futura zona de bajas emisiones». Así, que, hasta que se apruebe esta normativa, «la situación actual en el uso de esas calles es provisional».
Los populares consideran que la resolución respalda su queja de que «el alcalde no puede restringir el tráfico por sí mismo y con un simple decreto de Alcaldía», y que la medida se ha adoptado sin las debidas garantías. El Procurador insiste en su resolución que en el Ayuntamiento de León, «dado que se halla en proceso de elaboración de una ordenanza municipal para la creación y gestión de las ZBE, debe tener en cuenta la importancia de motivar» estas medidas de forma que sean «idóneas, necesarias y proporcionales al fin que se pretende conseguir». Lo que exige que se tenga en cuenta el potencial contaminante y las emisiones de gases de cada tipología de vehículo.
El PP critica que en su respuesta al Procurador el equipo de gobierno haya tratado de «engañar, diciendo que en realidad estas calles no son zonas de bajas emisiones, cuando el propio nombre del proyecto de cada una de las obras decía: ‘Para la implantación de una zona de bajas emisiones en León’».
La resolución del Procurador del Común considera «cuestionable» que el uso de las calles peatonalizadas obedezca a la aplicación de una ordenanza municipal aprobada en 2006, como argumenta el Ayuntamiento; y que se haya hecho «al margen de la regulación para las zonas de bajas emisiones», que implica una normativa mucho más reciente. «Máxime, añade, cuando las obras acometidas en las calles afectadas se deben a la voluntad municial de (textualmente) ‘implantar una zona de bajas emisiones en la ciudad, para lo que es necesario ejecutar una serie de obras que adapte ciertas vías a la nueva situación’.
Y recuerda en este sentido que el propio Ayuntamiento admite que está «actualmente trabajando en la fase de diagnóstico necesaria para la implementación de la ZBE, conforme a lo dispuesto en la normativa».
El equipo de Diez argumenta que la autoridad municipal puede establecer la prohibición de la circulación de vehículos en algunas vías públicas, y establecer las zonas peatonales por bando municipal. Y que «no aprecia vicio de competencia» en las decisiones tomadas hasta la fecha. Aunque desde el PP se denuncia que se han hecho «sin las garantías legales de una ZBE».