UPL lleva al pleno la primera subida del agua en San Andrés en 9 años

El equipo de Gobierno de UPL en San Andrés del Rabanedo lleva hoy al pleno la primera subida de la tasa del agua en los últimos nueve años. Y plantea un incremento del 38% para que el servicio, que debería autofinanciarse según marca el plan de ajuste, vaya amortiguando el desfase tarifario que no se repercute a los vecinos desde 2016, pero que supone para las arcas municipales la friolera de 647.000 euros de desembolso a la adjudicataria.

Los leonesistas acuden a la sesión extraordinaria con sólo cinco concejales de los 21 que intregran la Corporación, tras la marcha hace una semana de la concejala de Hacienda María Ángeles González, que aún no ha sido sustituida hasta que se completen los trámites ante la junta electoral. De modo que se abren varios escenarios en la votación.

La última revisión de la tasa por suministro de agua potable y conservación del alcantarillado se aprobó el 28 de diciembre de 2016 con los votos a favor del entonces equipo de Gobierno (PSOE-PAL), la abstención de la Unión del Pueblo Leonés, el Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra de Izquierda Unida.

El Ayuntamiento se vio forzado a cumplir una sentencia judicial que reconocía a la empresa adjudicataria el derecho a la actualización de la tarifa, de acuerdo a la fórmula que se fijó por contrato en el año 1996, cuando se privatizó este servicio. El incremento fue de 0,68 euros el metro cúbico a 1,22 euros.

En los veinte años anteriores no se habían producido revisiones de los precios, lo que generó una deuda de casi seis millones de euros para las arcas municipales; un déficit que se incrementaría a razón de 250.000 euros al trimestre en caso de no haberse adoptado esa medida en 2016.

En aquella ocasión se explicaba que las arcas no podían «soportar» que la deuda con la empresa siguiera subiendo por no aplicar un derecho reconocido por contrato y al que, además, obligaba un juez. Un incumplimiento que se había prolongado dos décadas.

Por otro lado, el restrictivo Plan de Ajuste al que está sometido el Consistorio desde el año 2012, obliga a que todos los servicios se autofinancien, lo que implica que no pueden ser deficitarios como ocurría entonces y ahora con el agua. Aquella sentencia implicó que el Ayuntamiento de San Andrés alcanzara un acuerdo con la concesionaria del servicio que se tradujo en una inversión de 4,5 millones de euros en varias anualidades y que se materializó en 2017 con la firma de un convenio.

Contemplaba un desembolso anual de 150.000 euros en el municipio, de los que 120.000 se invertirían en la necesaria renovación de las redes de suministro y alcantarillado, mientras, los 30.000 euros restantes se preveía destinar a un Plan Social de Emergencia que incluía ayudas para aquellas familias con dificultades económicas para afrontar el pago de un bien de primera necesidad como es el agua. Sólo Izquierda Unida votó en contra de incrementar la tarifa hace nueve años, porque ya se oponían, según recordaron, a la privatización del servicio en el año 1996, así como a la revisión del contrato del agua.

Los leonesistas acuden a la votación con cinco de los 21 ediles que integran la Corporación, tras la salida aún sin sustituir de González