La complejidad en las contrataciones hace ‘desaparecer’ a 660 empleadas del hogar en León

Los sueldos que cobran se han incrementado de la mano del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y gozan de mayor protección laboral con las medidas aprobadas en los últimos años. En estos meses se incorporan nuevas garantías legales para mejorar su salud laboral. Sin embargo, su número ha descendido de manera preocupante desde antes de la pandemia. La incorporación a un mercado laboral regulado de las empleadas del hogar, un colectivo que tiene un régimen especial de afiliación en la Seguridad Social, se ha traducido en realidad en un descenso del número de mujeres reguladas. Justo cuando más falta hacen estos trabajos, en una sociedad envejecida; y además mientras crece el empleo en otros sectores de servicio y cuidados a las personas, el colectivo de empleadas del hogar sigue la tedencia decreciente en general, y también en la provincia.

El incremento del coste del servicio para las familias, pero también la complejidad de afrontar las exigencias legales, sobre todo para aquellas trabajadoras que desarrollan su labor en varios hogares (con distintos pagadores), están detrás del adelgazamiento oficial de un sector cuya necesidad social engorda. Incapaz, así, de hacer frente a la precarización y la economía sumergida.

En León sólo en los últimos 5 años han «desaparecido» del régimen especial en el que cotizan más de 660 trabajadoras. Casi una cuarta parte de las que se registraron justo antes de la pandemia: algo menos de 3.200 a finales de 2019. El año pasado cerró con 2.513 afiliadas en la provincia.

Se trata de un colectivo en el que lo más habitual es sumar varios empleos a tiempo parcial, y eso complica aún más la situación de estas empleadas. Para las familias el coste de tener una trabajadora en casa se ha multiplicado, porque además las cotizaciones sociales se han disparado. Desde octubre de 2022 tienen derecho a cobrar paro y también a indemnización por despido. Un coste que muchos hogares no parecen dispuestos a asumir.

Desde los sindicatos se plantean algunas medidas que permitan aflorar el empleo sumergido, como reducciones fiscales en el IRPF, o campañas de concienciacion para regularizar a las trabajadoras domésticas. Porque lo cierto es que cuando más avanzan los derechos de las empleadas del sector, más parece crecer la contratación irregular.

Cambios

En 2012 el cambio legislativo que obligaba a incluir en el Régimen General a las empleadas del hogar se planteó como un logro histórico. Sin embargo sus efectos quedaron muy lejos de las expectativas. Los sindicatos calculaban entonces que el número de trabajadoras en la provincia era de 5.000, pero sólo 2.167 fueron dadas de alta en el nuevo régimen de afiliación que les correspondía. Unas 150 menos de las registradas en el sistema anterior. Otras 559 fueron dadas de alta de oficio, pero más de 300 (que trabajaban como fijas discontinuas, en varios hogares y con varios pagadores) salieron en realidad del sistema y quedaron sin protección.

Lo cierto es que seis años después seguían luchando por igualar sus derechos a los del resto de los trabajadores. La precariedad seguía marcando el empleo doméstico, con un 30% de economía sumergida y un volumen de afiliadas que se situaba en unas 3.300.

Ya entonces un informe de la Universidad de León señalaba que el hecho de que el empleador no sea un empresario en sentido económico, y que el servicio se preste en el hogar, dificulta el logro de las mismas condiciones laborales que otros colectivos.

Mientras, los derechos de las trabajadoras del sector han ido avanzando. Ahora se da un nuevo paso, pero el colectivo sigue enfrentando desventajas.