Villaquilambre adjudicó a una empresa del caso Koldo la supresión de los pasos a nivel

La oposición que integran el PP, Vox, Cs y Vive en el Ayuntamiento de Villaquilambre mostró ayer su «preocupación» ante la posibilidad de que los amaños nacionales destapados por la UCO estos días y que afectan al PSOE «pudieran tener algún tipo de conexión» en este municipio del alfoz. Los portavoces de los cuatro partidos destacan que una de las empresas citadas en el informe de la Guardia Civil es precisamente la adjudicataria «de una de las obras más importantes que se han programado en la historia del municipio», la supresión de los pasos a nivel de Jesuitas, Huergas y La Cerrada con más de 6,2 millones de euros.

Un concurso que ganó la compañía zaragozana Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA, Mainsa, en octubre de 2023 y que aún no está ejecutada. La UCO relaciona a la empresa con una supuesta «mordida» en Teruel al alzarse con la conservación de carreteras en esa provincia por 5,7 M€ en UTE con Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Unos whatsapp del entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, indican que informó a Koldo García de la resolución del proceso.

La oposición de Villaquilambre remarca que Adif, «compañía pública en el centro de la supuesta trama corrupta», fue quien adjudicó en el municipio la obra a Mainsa. Y señala que la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, aparece en la grabaciones de la UCO en diferentes conversaciones con Koldo, aunque esta gallega sólo fue responsable de Adif de 2018 a 2021, antes de la adjudicación en Villaquilambre. PP, Vox, Cs y Vive aseguran que «bajo el decreto de Alcaldía nº2023/1814 de fecha 14 de noviembre de 2023», Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA se hizo con los casi un millón y medio presupuestados para «el Acceso y urbanización de parcelas para el Instituto de Educación Secundaria y el Centro de Salud», que sumó un modificado posterior que elevó el coste de los trabajos. Por eso solicitan aclaraciones al equipo de Gobierno por adjudicaciones de 8 M€ a esa firma en el municipio, así como por los encuentros con Santos Cerdán, supuesto cabecilla de la trama.

La denuncia no ha dejado indiferente al recién dimitido alcalde de Villaquilambre, el socialista Jorge Pérez, quien asegura que cualquier tipo de corrupción, «personalmente me da asco y me repugna». Respecto a las afirmaciones de la oposición, cree que intentan «sembrar la duda y la sospecha sobre las adjudicaciones municipales».

Asegura que todas las licitaciones cumplen «escrupulosamente con la ley y son tramitadas por los técnicos municipales». Indica que los pliegos de la urbanización de la parcela del instituto fueron redactados por el anterior equipo de gobierno y adjudicados al inicio de esta legislatura. A esa licitación se presentaron dos empresas, una de ellas, citada por la UCO, pero insiste en que la adjudicación y el pliego fueron «tramitados exclusivamente por técnicos municipales».

En cuanto a los contratos de Adif, remarcó a la oposición que el Ayuntamiento «no participa» en ningún tipo de licitación. Y si el PP, Vox, Cs o Vive «tienen alguna duda o sospecha, les exigimos que de forma inmediata acudan a los tribunales». En opinión de Jorge Pérez, lo que no pueden hacer desde la oposición «es esparcir la sombra de la duda y la sospecha sobre todos los políticos. Algo que sin duda el portavoz popular debe de saber». También afirma que el equipo de Gobierno «echa en falta que haya una oposición constructiva en Villaquilambre, que alguna vez proponga algo que sea bueno para los ciudadanos y que no aproveche simplemente la coyuntura para intentar esparcir bulos». Por su parte, los representantes de los partidos de la oposición también requieren al futuro alcalde, Vicente Álvarez, que «aclare las relaciones» del Ayuntamiento de Villaquilambre con Mainsa.