Villaquilambre luchará en los tribunales contra flecos económicos de 210.000 euros de la frustrada planta de biomasa
Ocho años después de plantearse el proyecto, de 18 millones, que no se llevó a cabo, Somacyl reclama su coste al Ayuntamiento
Disgusto en Villaquilambre. Ocho años después de que Somacyl planteará el proyecto para construir una planta de biomasa en Navatejera, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente reclama al Ayuntamiento el coste del documento, que cifra en más de 210.000 euros y lo hace con una reclamación de responsabilidad patrimonial a la que el Pleno de Villaquilambre acordó ayer hacer frente y luchar para evitar ese pago en los tribunales.
El alcalde, el leonesista Vicente Álvarez, pidió "ir a defender unidos" el asunto a todos los grupos, especialmente a los de la oposición que en su día sellaron el acuerdo con la Junta para paralizar la instalación de la planta de biomasa.
"Hay que pelearlo e igual tenemos que ir yo y usted (en referencia a Manuel Garcia) a hablar con su jefe, porque Fernández Mañueco firmó su decisión firme de que no se hiciera la planta. Entiendo aquel pacto, pero le pido (al portavoz popular) que esté conmigo en esto, que digamos que Somacyl y la Junta no están cumpliemdo el espíritu de aquel pacto".
El portavoz de Vive, Ricardo de Dios, apuntó que "la Junta, que es la socia mayoritaria de Somacyl, podría solventar esto".
A finales de 2021 Villaquilambre creyó que zanjaba uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente, al poner punto y final al proyecto impulsado por Somacyl de construir una planta de biomasa en el municipio. La iniciativa se dio a conocer en 2017, tras el fiasco de instalar la central de calor en León ciudad, en el entorno de Cantamilanos.
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de CyL buscó entonces una ubicación cercana y logró un acuerdo con la junta vecinal de Navatejera para adquirir 5,3 hectáreas de terreno por 50.000 euros y varias mejoras para la localidad, entre ellas, aportar calefacción y agua caliente al Polideportivo.
Sin embargo, como ocurrió en la capital, la contestación social fue en aumento y se llegaron a presentar 3.200 alegaciones y firmas contra la planta de biomasa. El asunto valió incluso un gobierno. El 14 de junio de 2019, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sacrificó por escrito el proyecto de biomasa en Navatejera para sellar el pacto político de Villaquilambre que logró aupar a la Alcaldía a Manuel García. Un acuerdo, junto con la construcción del instituto y el macro centro de salud, que sirvió de pegamento al cuatripartito de PP-Cs-UPL y Vive Villaquilambre y que supuso de hecho la paralización de las obras, valoradas en 18 millones.
Somacyl había invertido ya medio millón de euros en licencias y tuberías. El 25 de junio de ese mismo año, el Pleno de Villaquilambre aprobó con los votos a favor de todas los grupos excepto el PSOE, que se abstuvo, una moción en la que se solicitaba a la Sociedad «la renuncia a la tramitación de los expedientes que en esos momentos se encontraban en el Ayuntamiento». El TSJ dio la puntilla en febrero de este año al proyecto al anular la venta de las 5,3 hectáreas de terreno donde se iba a levantar la planta. Así que quedaba el fleco económico de devolver el impuesto de construcción (Icio) a Somacyl para que este organismo desistiera públicamente del proyecto.
Ese trámite se produjo en diciembre de 2021. La Junta de Gobierno Local de Villaquilambre aprobó entregar los 191.000 euros estimados del impuesto a la Sociedad por frustrarse la construcción de la planta de biomasa por razones ajenas a los promotores.
El concejal de Vive Villaquilambre, Ricardo de Dios, una agrupación nacida con el principal objetivo de paralizar la planta de biomasa, valoró que el objetivo de cumplió porque la ubicación no era la adecuada para preservar la salud de los vecinos.
Ahora se abre otro capítulo.