La batalla la resolverá la justicia
Alfonso V es una de las calles afectadas por las peatonalizaciones en la que se multará.
Las alegaciones del PP y los comerciantes a la ordenanza de movilidad adelantan una batalla que presume su final en los juzgados. Si al final el PSOE no atiende las reclamaciones, como ya se empecinó en el Pleno de aprobación inicial, o la UPL desampara a los socialistas con el cambio del sentido del voto con el que sustentan la mayoría, los populares saben que tendrán que acudir al contencioso administrativo para intentar frenarlo de nuevo.
Los populares muestran como aval la sentencia del TSJ. En ese dictamen, que revocaba el anterior del juzgado contencioso administrativo número 2 de León, los magistrados recalcaron que el bando del alcalde de León en el que se sustentaba la restricción incidía en «una nulidad de pleno derecho evidente y notoria», además de que lo calificaba como «inadecuado en términos jurídicos», al regular y limitar la circulación del tráfico y afectar «a derechos de los ciudadanos, sin la debida cobertura de una ordenanza municipal». El PSOE defiende que esta carencia se subsana con la aprobación de la normativa. El PP mantiene que es «insubsanable» porque «nace viciada tratando de justificar, a posteriori», las actuaciones anteriores.