El Ayuntamiento empieza a cobrar la tasa de Gersul de 2024 sin cumplir con la ley
León liquida los recibos en la sede electrónica sin haber notificado y con la ordenanza derogada
El nuevo intento para no dejar de cobrar los 5.132.990,7 euros de la tasa de tratamiento de basura de Gersul 2024 conduce al Ayuntamiento de León a bordear la legislación. Ocho meses después de que finalizara el ejercicio fiscal, el equipo de gobierno de José Antonio Diez acaba de volver a colgar en la sede electrónica los recibos de los contribuyentes. Pero ni lo ha notificado con acuse de recibo a los 85.586 obligados al pago, como exige la ley para los tributos en su primer año, pese a que el pasado abril adjudicó un contrato de 448.949 € a Correos para hacerlo; ni existe ya la ordenanza sobre la que se sustenta, dado que se derogó el 31 de diciembre del pasado año, como recogen las disposiciones de la entrada en vigor de la nueva.
Sin atender a estas exigencias, el Ayuntamiento de León a abierto de nuevo la posibilidad para que los contribuyentes que tengan certificado digital puedan pagar la tasa mediante la sede electrónica. No se trata de la primera ocasión en lo que lo han hecho. En noviembre de 2024, lo colgaron durante apenas 10 días, hasta que repararon en el error de no haber cumplido con la notificación con acuse de recibo y lo retiraron. Como entonces, hay contribuyentes que, al abrir la carpeta de sus obligaciones fiscales, han encontrado el recibo y decidido pagarlo al desconocer la situación irregular. Todos, más aquellos que han ido al consistorio para abonar otros tributos y solicitado también la liquidación de la factura de Gersul, pueden recurrirla.
El empecinamiento de los gestores socialistas se salta todas las advertencias que han recibido. La porfía obvia los recursos ya presentados por empresas y particulares que encabezan un movimiento al que se sumó en mayo la asociación de consumidores Facua.
En una carta remitida de manera directa al alcalde, José Antonio Diez, la organización le informaba de que, si no adoptaba «las medidas tendentes al cese en la notificación y el cobro fuera de plazo de la tasa de tratamiento de basuras del ejercicio 2024», entenderían que «de modo consciente» el equipo de gobierno estaba «adoptando un acuerdo contrario a la ley y con consciencia de ello». Para apuntalar su posición, la organización social advertía al regidor de que, en caso de seguir adelante, pondrían «los hechos en conocimiento de la Fiscalía», además de que promoverían «una campaña de recursos judiciales frente a las liquidaciones practicadas».
Aunque los avisos vienen incluso desde dentro del Ayuntamiento de León. En septiembre del pasado año, la Intervención municipal alertó de la «carencia o falta de eficacia y eficiencia en la gestión» que ponía en peligro el cobro de la tasa de tratamiento de la basura en 2024, el primer año en el que asumía este cobro de Gersul que, hasta entonces, había gestionado la Diputación. Debía hacerse «dentro del año» porque si «el padrón no se elabora, liquida y notifica dentro del ejercicio, para el próximo se producirá una acumulación de dos ejercicios, con efectos obvios en los contribuyentes». No contaba la Intervención con que la nueva ordenanza para 2025, en la que se aunaron la antigua tasa de recogida de basura y la nueva de tratamiento, marcara la derogación de la anterior. Si no lo hubiera hecho, la ley le daría cuatro años para poder tramitarlo antes de que prescribiera.
Pero se hizo «sin que dentro del ejercicio 2024 se hubiera llevado a cabo la liquidación y notificación individual de las cuotas a cada contribuyente». «Es criterio de este órgano de Intervención que la liquidación retroactiva de cuotas tributarias (tasas) en 2025, respecto de un hecho imponible realizado en 2024, y cuya ordenanza fiscal ha sido derogada con efectos de 31/12/2024, no se ajusta a derecho, lo que implica la anulación de los derechos reconocidos», como acaba de recalcar en su último informe el titular del órgano de fiscalización, Gabriel Menéndez Rubiera.
Pese a que «este criterio que ya ha sido puesto de manifiesto en el análisis de riesgos 2025 y en el plan de control financiero 2025», el funcionario lamenta que «no ha sido tenido en cuenta» en la modificación de crédito que el equipo de gobierno promovió en el último Pleno, pese a que «del importe del remante líquido de tesorería» que se dispuso «276.052,82€ proceden de este derecho reconocido pendiente de cobro, ya que el resto de remanente ya se ha consumido o dispuesto».
La polémica reedita la que se sufrió en 2008 con el IBI. Hace 17 años, el cobro de la subida de un 26,4% del recibo tuvo que devolverse. Tras una larga pugna judicial, en 2012 el Supremo decretó que la publicación había sido irregular y el Ayuntamiento tuvo que devolver 8,4 millones de euros.
En esta ocasión, el consistorio podría perder 4.729.490,27 euros. Ya ha pagado a la Diputación 4.280.541,02 por el uso de la planta de tratamiento de residuos, además de que tiene adjudicado a Correos el contrato de las notificaciones con acuse de recibo a cada contribuyente, que le cuestan 448.949,25 euros. Fuera quedarían los otros 403.500,43 euros que restan hasta alcanzar los 5.132.990,70 euros que había apuntado el Ayuntamiento como cobro total en los presupuestos, un margen que pensaba usar en la compra de nuevos contenedores.