Villahierro tendrá que relajar el régimen a ocho peligrosísimos reclusos de segundo grado
La nueva directiva de Interior facilita la conflictividad en las prisiones, en nombre de la reinserción
El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro tendrá que relajar las restricciones que aplica a ocho peligrosísimos reclusos de la penitenciaría afincada en la localidad de Mansilla de las Mulas, en virtud de la nueva directiva del Ministerio del Interior, de acuerdo a la cual seis de cada diez internos se acogen a la renovada filosofía de la cartera de Fernando Grande Marlaska, que flexibiliza sus condiciones para favorecer una mejor reinserción en la sociedad cuando hayan cumplido sus penas. Hasta entonces, se intenta que socialicen más con los presos menos duros.
El establecimiento penitenciario leonés cuenta en la actualidad con dos departamentos de régimen cerrado, en los que se reconocen tres tipos de situaciones: primer grado artículo 91.3 (los más peligrosos), para los que las medidas de seguridad aplicadas son mucho más elevadas. Actualmente integran este apartado tres personas. Existe también la subdivisión de primer grado, artículo 91.2, siguiente nivel, están en primer grado que implica conducta agresiva en prisión pero no tan descontrolada como los anteriores. Aquí se contabiliza en Villahierro a 22 internos.
Pero los afectados por la modificación del planteamiento son los de segundo grado artículo 75.1, que son los que han protagonizado incidentes regimentales y están en una situación intermedia de limitaciones de movimiento a la espera de resolución de un posible primer grado. Se trata de ocho casos en la actualidad.
Esta reducción de primeros grados se produce por la implantación en 2019 del Programa de intervención con internos en régimen cerrado, retirado años atrás. Dicho programa, cuyo objetivo es facilitar la reinserción de los reclusos más peligrosos, es voluntario, de una duración aproximada a seis meses, en los que los internos participan en actividades terapéuticas, culturales y deportivas.
Posteriormente, pasan a un módulo de segundo grado, inicialmente de respeto y pueden salir de permiso con los requisitos de la Instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que anuló el requisito de conducta, por lo que desde entonces internos que tengan sanciones graves o muy graves sin cancelar pueden disfrutar de permisos.
Fernando Martínez es el secretario provincial de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en León (APFP). «Toda esta problemática se debe un planteamiento de estadísticas del Ministerio, pero esconde el verdadero problema, que es que se está frenando la condición de autoridad para los funcionarios. Esto lo único que va a conseguir es más problemas, porque el asunto de las agresiones se debe a la política buenista».
«No ha habido más problemas por la capacidad y la profesionalidad de los funcionarios de León, pero el centro está con una capacidad del 100%. Tenemos 1.100 internos, cuando la prisión está pensada para 1.072 y falta personal», expone Martínez. «Hay tres médicos de una plantilla de diez, faltan medios coercitivos, falta personal y esto no solamente pasa en León. Pedimos el traslado urgente de los internos que agreden a los trabajadores, medios acordes al siglo XXI y mejora de la sanidad penitenciaria y que se apruebe la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios, circunstancia que minimizaría las agresiones. Pero no nos hacen caso».