El presidente de Asturias promueve la lucha social contra su partido para eliminar el peaje a León

En un contexto de tensiones crecientes entre autonomías y el gobierno central, el líder asturiano Adrián Barbón ha asumido un rol protagónico en la demanda para suprimir los cobros en la principal conexión vial entre el norte de España y el interior peninsular. Esta carretera, la AP-66, también conocida como autopista del Huerna, entre León y Campomanes, vital para el comercio y el turismo, ha generado controversia durante décadas debido a sus tarifas elevadas, y ahora, con el respaldo de instancias europeas, se busca forzar un cambio definitivo.

El origen de la controversia: una vía estratégica con historia conflictiva

La autopista AP-66, comúnmente llamada la del Huerna por el valle que atraviesa, se inauguró a principios de los años 80 como una solución para superar el aislamiento geográfico de Asturias respecto a León y el resto del país. Con 77,8 kilómetros de longitud, esta ruta de peaje fue diseñada para garantizar un enlace estable durante todo el año, evitando las complicaciones de las carreteras alternativas en invierno. Osea, Pajares. Desde su apertura, los usuarios han pagado tarifas que, en su momento inicial, equivalían a cientos de pesetas por trayecto, y hoy superan los 15 euros para vehículos ligeros en algunos tramos. 

La concesión original recayó en la empresa Aucalsa, pero el punto de inflexión llegó a finales de los 90, cuando un Ejecutivo conservador extendió el contrato hasta mediados de este siglo sin un proceso de licitación abierto. Esta decisión, tomada bajo la administración de José María Aznar, ha sido calificada por críticos como un favoritismo hacia intereses privados, perpetuando un costo que muchos asturianos consideran injusto y discriminatorio en comparación con otras regiones españolas con infraestructuras gratuitas. Este peaje no solo afecta a los conductores particulares, sino que encarece el transporte de mercancías, impactando en la competitividad económica de Asturias y León, zonas que dependen fuertemente de esta arteria para el flujo comercial y turístico. 

A lo largo de los años, la vía ha enfrentado problemas operativos, como atascos recurrentes durante periodos vacacionales y obras mal gestionadas que generan caos vial. Este verano, por ejemplo, se registraron colapsos significativos, con familias atrapadas en colas interminables, lo que ha avivado el descontento popular y sindical.

La intervención europea: un dictamen que cambia el escenario

El conflicto escaló a nivel internacional cuando, en julio de 2025, las autoridades de la Unión Europea emitieron un veredicto contundente: la prolongación de la concesión es contraria a las normas comunitarias, al configurarse como una adjudicación encubierta sin competencia pública. Bruselas dio al Estado español un plazo de dos meses para rectificar, bajo amenaza de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia europeo. Este fallo no solo afecta a la AP-66, sino que se extiende a casos similares, como la autopista gallega AP-9, gestionada por la misma matriz empresarial. 

El gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, ha optado por defender la validez del acuerdo, respaldándose en informes internos que avalan su legalidad. Sin embargo, esta postura ha generado fricciones internas en el partido socialista, ya que representantes regionales cuestionan la coherencia con las directrices europeas. En Asturias, el Ejecutivo autonómico ve en este dictamen una oportunidad histórica para eliminar el peaje, argumentando que su continuidad vulnera principios de equidad y cohesión territorial. 

La iniciativa de Barbón: de la política a la movilización ciudadana

Adrián Barbón, al frente del Principado, ha transformado esta disputa en una causa regional prioritaria. En sesiones recientes de debate parlamentario, ha prometido encabezar una ofensiva integral que combina acciones legales, políticas y sociales para presionar por la abolición del cobro. Entre sus planes destaca la presentación directa de una solicitud a la Comisión Europea antes de que acabe 2025, con el objetivo de revocar la prórroga y liberar la vía.

Barbón ha enfatizado que no busca un rol estelar, sino integrarse como un participante más en un movimiento colectivo que involucre a la sociedad asturiana, al que también han sido llamados los presidentes de Castilla y León y de Galicia, que están yendo por su cuenta. Es lo que Barbón ha convocado foros como la Alianza por las Infraestructuras, donde se discuten estrategias para amplificar la voz regional en Madrid y Bruselas. Además, ha acusado a administraciones pasadas de irregularidades, señalando específicamente al gobierno de Aznar por esta “ilegalidad adicional”. Su administración también promueve bonificaciones temporales mientras se resuelve el fondo del asunto, aunque insiste en que la meta es la eliminación total. 

Esta estrategia se alinea con aliados de coalición, como formaciones de izquierda que han urgido a Barbón a tomar las riendas, y cuenta con el apoyo de sectores empresariales leoneses y asturianos, que ven en la supresión un impulso para el desarrollo económico compartido.

Reacciones y críticas: un debate polarizado

La propuesta ha generado un eco mixto. Opositores, como figuras del Partido Popular, han reprochado al gobierno regional una supuesta pasividad previa, cuestionando por qué no se actuó antes y recordando que la autoridad final recae en el ejecutivo nacional.  Parlamentarios independientes y de otros grupos han propuesto resoluciones concretas, como la creación de un reglamento para garantizar la laicidad o medidas para facilitar el acceso a la vivienda, integrando la lucha contra el peaje en un paquete de demandas sociales. 

En redes sociales, el tema hierve: usuarios exigen acción inmediata, criticando discrepancias internas en el PSOE y llamando a movilizaciones masivas. Sindicatos han advertido que, si no se define un plan claro, impulsarán protestas independientes. Incluso hay convocatorias ciudadanas programadas, como una para octubre, impulsada por activistas que denunciaron el caso ante Europa. 

Hacia el futuro: posibles escenarios e impactos

Si prospera la iniciativa, la eliminación del peaje podría transformar la conectividad de Asturias, abaratando costos y fomentando el turismo y el comercio. Sin embargo, el camino es incierto: el Gobierno central podría enfrentar sanciones europeas si no cede, mientras que un rescate de la concesión implicaría compensaciones millonarias a Aucalsa.

Barbón ha vinculado este esfuerzo a metas más amplias, como mejorar el ferrocarril de cercanías y el Corredor Atlántico, posicionando a Asturias como una región proactiva en la defensa de sus intereses. Con el plazo europeo agotándose, 2025 podría marcar el fin de una era de cobros controvertidos, o el inicio de un litigio prolongado. La sociedad asturiana se moviliza, recordando que las infraestructuras no solo conectan territorios, sino que definen oportunidades.