Aláiz abordará el "intrusismo" laboral en el CRE de San Andrés
Satse y el Colegio de Enfermería piden al subdelegado que no se deriven tareas del colectivo a auxiliares y exigen cubrir las 10 plazas enfermeras, ya que sólo hay 6
Una de las actividades con usuarios del CRE
El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, abordará con la dirección del Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención a Personas con Discapacidad, para la Promoción de la Autonomía Personal, Atención a la Dependencia y ELA, ubicado en San Andrés del Rabanedo, el posible «intrusismo» laboral que el Colegio Oficial de Enfermería y el sindicato Satse aseguran que se está produciendo en las instalaciones.
El asunto no es nuevo, pero se agravó con el protocolo de trabajo que funciona desde hace tres años en el CRE y que establece que, en caso de ausencia de una enfermera en el centro, sean las auxiliares las que administren medicación e incluso terapias respiratorias a los usuarios y las encargadas de garantizar que se la toman. Esto, a juicio del colectivo enfermero, constituye un «caso grave de intrusismo profesional, además de entrañar notables riesgos tanto para las personas atendidas en el centro como para las auxiliares».
Ante el escaso avance que tanto el colegio como el sindicato estiman que se ha producido para atajar este asunto, ambos mantuvieron una reunión con el subdelegado, que se comprometió a mediar. También le encargaron que se cubran ya las 10 plazas fijadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del CRE, ya que sólo se han desarrollado seis plazas. Con ello se evitaría, estiman, los 90 descubiertos de enfermeras que se han generado este año y que se han 'tapado' con auxiliares. «La dirección deja turnos sin cobertura de personal de enfermería e intenta imponer que los auxiliares de enfermería asuman funciones exclusivas de las enfermeras, una práctica ilegal», Las instalaciones se inauguraron en 2007 como un modelo de atención pública integral. Dispone de 120 plazas residenciales y 20 de centro de día, pero solo acoge a dos docenas.
El colectivo aseguran que algunos profesionales recibieron «presiones e incluso amenazas» para asumir tareas impropias de su categoría, lo que ha hecho que la dirección del centro se encuentre inmersa en un procedimiento judicial penal impulsado por el Colegio Oficial de Enfermería.
Consideran, además, que existe una «desorganización crónica» en la gestión del centro, que perjudica tanto a trabajadores como a residentes y frena el uso de recursos materiales.