Una financiación autonómica que premie la igualdad

Todos asumimos que una sociedad avanzada no se puede construir sin carga fiscal, el pago de impuestos se observa como natural. E igualmente, vemos evidente que nuestro sobrino, que vive en León, tenga un servicio de pediatría similar al que disfruta nuestra hija en Lugo. Lo mismo podríamos decir de la educación o de la atención a la dependencia… Es decir, sabemos y deseamos que la tributación a la que estamos sometidos debe llevarnos a que todos, sea cual sea nuestra renta, recibamos de los servicios públicos un mismo trato, que todos percibamos la misma calidad.

Discutimos, y bastante, sobre la presión fiscal, pero alcanzamos el máximo consenso al desear que los servicios públicos no discriminen por renta. Lo curioso es que cuando sustituimos el concepto de personas por territorios, todo cambia, todo muta. El rico quiere olvidarse del pobre y el desfavorecido siente que ha de bajar, acomplejado, la cabeza. Afortunadamente, tanto en Castilla y León como en Galicia defendemos para nuestros territorios la misma lógica que las personas desean para sus conciudadanos. ¿Y qué debemos defender? Un modelo de financiación autonómica que pivote sobre el reconocimiento explícito y la compensación de los costes reales de la prestación de servicios públicos, propios de nuestras singulares características demográficas y geográficas. Un nuevo modelo debe velar por la suficiencia financiera basada en el coste efectivo. Ahí debe estar la piedra angular de una reforma, garantizar la suficiencia financiera vertical y horizontal para que Galicia y Castilla León dispongan de los recursos necesarios para ejercer plenamente sus competencias. Esto requiere: • Ponderación del envejecimiento (sanidad y dependencia): tanto Galicia como Castilla y León poseen una de las poblaciones más envejecidas de España. El gasto sanitario per cápita es estructuralmente más alto debido a la edad media de su población. El nuevo modelo debe incrementar, por tanto, significativamente la ponderación de la variable poblacional ajustada por edad en el reparto de recursos. • Compensación por dispersión geográfica: nuestras comunidades autónomas se caracteriza por una elevada dispersión poblacional (Galicia) y un fuerte despoblamiento (CyL) y, en consecuencia, una baja densidad. Esto encarece la prestación de servicios esenciales como el transporte escolar, la sanidad rural y los servicios sociales a domicilio. . • Financiación de servicios esenciales: la financiación de las funciones esenciales del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales) debe garantizar un nivel básico de prestaciones similar para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, asegurando la equidad. • El nuevo sistema debe reequilibrar la tensión entre los principios de solidaridad y corresponsabilidad fiscal, evitando que la nivelación penalice a las comunidades con menor renta. • Mayor autonomía fiscal: las autoridades autonómicas deben tener mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos, especialmente en la modulación del tramo autonómico del IRPF, para adaptar la política fiscal a la realidad de sus autonomías. Un nuevo modelo de financiación autonómica debe ser estable y contar con: a) Revisión periódica, establecer plazos legalmente vinculantes para la revisión del modelo, adaptándolo a los cambios demográficos, económicos y a la evolución del coste de los servicios, b) Gobernanza multilateral, fortalecer el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convirtiéndolo en un verdadero espacio multilateral donde las decisiones sobre la distribución de recursos se tomen con mayor consenso y transparencia entre el Estado y las comunidades autónomas, y no solo mediante acuerdos bilaterales, c) Fondo de Convergencia, impulsar el Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar inversiones en infraestructuras y proyectos de desarrollo que fomenten la convergencia económica real. Un modelo de financiación óptimo debe ser suficiente, equitativo y sensible a sus costes demográficos y geográficos. Solo así se garantizará que los ciudadanos de Galicia y Castilla y León puedan acceder a servicios públicos con la misma calidad que en el resto del territorio español.