Las empresas de León se asfixian en las 720 páginas diarias de nuevas normas a las que atender

Castilla y León se suma a las autonomías que más legislación generan para regular la economía. El Banco de España advierte de que el exceso de regulación frena el crecimiento y destruye empleo

El papeleo ahoga a los pequeños empresarios.j. f. salvadores

León

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Cada día 720 páginas de boletines oficiales con nueva normativa que tienen que atender las empresas. Y en aumento. Casi 412.000 nuevas disposiciones entre 1979 y 2021, cada día 32 normas nuevas, una cada 45 minutos. Muchas nacionales y transposiciones de la legislación europea, otras tantas generadas por cada comunidad autónoma y muchas administraciones locales. Una «maraña regulatoria», a veces hasta contradictoria, cuya ordenación y reducción «no sólo aliviaría los costes para las empresas existentes, sino que también propiciaría la entrada de nuevas empresas y emprendedores, y el crecimiento de proyectos innovadores. En última instancia, avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general».

No lo dicen las empresas, lo advierte el propio Banco de España, que alerta sobre una «normativa densa y fragmentada que eleva costes y dificulta el emprendimiento». Mientras «la coherencia de las normas y simplificarlas favorecería un marco de actuación más dinámico, eficiente y accesible para las empresas, especialmente las más pequeñas, y para los nuevos emprendedores».

Lo certifica la Federación Leonesa de Empresarios (Fele): «La producción normativa y la exigencia burocrática no solo no van a menos, sino que siguen creciendo. Y eso dificulta enormemente la actividad de las pequeñas empresas, que necesitan dedicar una parte cada vez más importante de su tiempo y esfuerzo, también de sus recursos, al papeleo. Cada vez es más difícil poner una actividad en marcha».

Enrique Suárez, secretario general adjunto de la patronal leonesa, señala que los empresarios «no discutimos el fin de las exigencias que se plantean, pero en la dinámica actual únicamente implican más carga, más protocolos y más costes». Con una recomendación, «el diálogo social es la forma para establecer una cultura de cumplimiento razonable en las empresas, que no les genere más problemas».

Sus datos son claros: el año pasado las normas estatales de nueva publicación se incrementaron más de un 5%, pasaron de 683 a 749. «Más de 50 nuevas leyes sobre empresas al mes». En total, 1,3 millones de páginas publicadas en boletines oficiales en los últimos años. «Y Castilla y León pasó del cuarto al tercer puesto nacional en la generación de nuevas exigencias legales. Más de 82.000 páginas en el Bocyl». A las que hay que sumar otras 34.000 de carácter europeo. «Es inasumible, sobre todo para pymes y autónomos. También para las asesorías, donde se ven situaciones a menudo al límite en determinadas épocas del año. Con una carga laboral extremadamente difícil, no sólo en economía y contabilidad, también en medio ambiente, igualdad, movilidad,... Regulación en todos los aspectos. Las empresas se deben a su actividad, y esta situación lastra su viabilidad».

Marcada también por lo que el Banco de España denomina «fragmentación normativa»: la ‘convivencia’ de normas diferentes en cada comunidad autónoma, que dificultan la expansión territorial y reducen el mercado interior, especialmente para las pymes.

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«El reto no es necesariamente tener menos regulación, sino que esté mejor diseñada, más clara y coordinada», concluye.

Un lenguaje ininteligible que suma problemas

La ‘maraña normativa’ no sólo genera coste económico a las empresas, sobre todo las pequeñas, que no pueden disponer de departamentos propios de gestoría, sino que las sumerge en «un lenguaje ininteligible, que muchos empresarios y autónomos no entienden o son incapaces de desentrañar. Y eso hace aún más complicado cumplir con las leyes, y lleva a perder más tiempo en algo que no redunda en la propia actividad económica». Desde la Fele «se multiplican los talleres formativos para afrontar estos retos», pero «son inabarcables».

Un freno al crecimiento 

Complejidad normativa. El Banco de España advierte de que es un freno para las empresas y el crecimiento economico, porque eleva costes y dificulta el emprendimiento. «Las normas son necesarias para ordenar la actividad económica, pero cuando se multiplican sin planificación, como con desconexión entre los territorios, son un obstáculo».

Inabarcables. Solo entre 1979 y 2021 las distintas administraciones españolas aprobaron 411.804 normas. En 2022 se añadieron 11.775 nuevas disposiciones, 32 normas nuevas cada día. La cifra cada año se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia.

Castilla y León, al frente. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña, con 583 normas que afectan a las empresas entre 1995 y 2020. Muy por delante de Madrid o País Vasco, donde la economía es más próspera.

Innovación que se resiente. Las normas medioambientales «o verdes» pueden incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías «siempre que estén bien diseñadas. Pero excesiva o descoordinada entre administraciones puede generar incertidumbre, disuadir la inversión y reducir el margen de actuación empresarial».