Los servicios jurídicos instan al alcalde de León a que devuelva la tasa de basura de 2024
El abogado municipal recomienda al Ayuntamiento que no recurra el fallo ante el Supremo. La junta de gobierno debe ratificar este viernes si acata la sentencia o porfía
La sentencia afecta al pago por el tratamiento de residuos.
La decisión definitiva le corresponde a la junta de gobierno, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León ya le han trasladado que el recurso ante el Tribunal Supremo tendría pocas posibilidades de prosperar. No hay argumentos para invocar el interés casacional, como fundamenta en su informe el abogado municipal, quien advierte de que el consistorio se enfrenta a una condena en costas, si intenta que se revoque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que anula la tasa de tratamiento de basura de 2024. Ante este criterio fundamentado, el alcalde, José Antonio Diez, deberá decidir este viernes si acata el fallo o se empecina en demorar la devolución de lo que ya han pagado los vecinos: 38 euros por vivienda, hasta 4.000 euros por comercios, 3.000 euros por industrias y 1.998,8 euros por oficinas.
El criterio jurídico insiste en no porfiar más. Salvo que el alcalde enmiende el dictamen del abogado, el Ayuntamiento de León asumirá por segunda vez en apenas cinco meses un fallo del TSJ que le obliga a devolver una tasa. En septiembre, los magistrados le anularon al Ayuntamiento de León la que había aprobado para unificar, en una sola ordenanza, las de recogida y tratamiento de basura de 2025. Ahora, la nueva sentencia invalida el sustento normativo para mantener el tributo del tratamiento de residuos de 2024, que se había pasado al cobro, mediante su notificación con acuse de recibo a partir de octubre del año pasado.
Pese a su defensa en el pleito ante el TSJ frente al recurso presentado por un particular y la empresa Property Let, los servicios jurídicos admiten que no se puede invocar con solvencia el interés casacional por ninguno de los dos argumentos en los que se asienta la nulidad de pleno derecho de la ordenanza. El empeño del Ayuntamiento de León por salvarse se topa con la argumentación de los magistrados sobre la «manifiesta falta de motivación y proporcionalidad» de una tasa que «mantiene la misma cuota de 38 euros para todas las viviendas al margen de los metros cuadrados que ocupen y sin establecer otros criterios de producción de residuos», sin que «el informe técnico» razone «la aplicación de esta cuota única».
No hay tampoco manera, como incide el abogado municipal, de rebatir el «defecto esencial» de la ausencia del «informe de evaluación del impacto de género». Como se recoge en el fallo, su carencia «en el expediente es manifiesta», sin que sea «suficiente» la «mención que se realiza en el preámbulo de la ordenanza», en el que se reseña que la normativa «no vulnera la igualdad entre hombres y mujeres, ya que los obligados al pago de esta tasa lo son por el hecho de recibir el servicio obligatorio de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables a doméstico, debiéndose hacer frente a la cuota tributaria por recibir el servicio y no por otras circunstancias».
La suma de argumentos hace que sentencia invalide la ordenanza con la que el Ayuntamiento de León estimaba cobrar 5,1 millones de euros. Sin esta normativa, el consistorio tendrá que devolver lo que recaudó a las 85.586 unidades urbanas por el recibo de 2024, pero además se quedará sin poder girar la factura de 2025, que aún estaba pendiente, y la de 2026, al menos hasta el momento. La acumulación provoca 15,1 millones de euros de merma de ingresos.
Aunque la pérdida para el Ayuntamiento es mayor, dado que, aun sin el amparo de esta recaudación, tiene que pagar a la Diputación de León 4.280.541,02 euros en cada anualidad por la entrega de los desechos y su reciclaje en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, que hasta 2024 dependía del consorcio provincial de Gersul.