El alcalde de León alargará otros dos años el que consideraba "el peor contrato de España" de bus urbano
- La última prórroga sumará más de 6 años de propina a la espera del consorcio metropolitano
- La nueva coartada llega a dos meses de que venza la última moratoria legal aprobada
El intercambiador de Eras será uno de los puntos básicos de la nueva red.
Cuando iban a vencer los 15 años de la concesión, en enero de 2022, la empresa invocó el equilibrio de la explotación y, por tres meses de fuertes restricciones del covid, se le concedieron 2 años y tres meses de prórroga. El calendario empujó la expiración hasta marzo de 2024. Entonces, el Ayuntamiento de León y la Junta escenificaron la firma de un convenio para «la planificación conjunta y el establecimiento de medidas de explotación coordinada de los servicios de transporte público regular». Pero justo ahora que se terminaba la moratoria legal de 2 años, el consistorio se descuelga con un nuevo convenio con la administración autonómica que da coartada para otros dos años más vigencia para «el peor contrato de España el peor contrato de España, porque todo el riesgo corre a cargo del Ayuntamiento de León», como criticaba José Antonio Diez en 2019, cuando era jefe de la oposición, antes de entrar como alcalde y validarle a Alesa, filial de Alsa, los más seis años de propina de los que se beneficiará a razón de 7,5 millones anuales.
Habrá dos años más de prórroga, con un déficit anual de 5 millones de euros que asume el Ayuntamiento de León, porque «los avances alcanzados durante los casi dos años de vigencia del convenio» anterior, firmado en 2024, se han pasado en «un proceso interno de análisis orientado a la identificación del modelo de gobernanza más idóneo, a la mejora de la eficiencia económica, a la eliminación de duplicidades, a la integración tecnológica y a la adecuada satisfacción de las necesidades de movilidad de la ciudadanía de León y de su Área Funcional Estable», como se recoge en el documento.
Los dos últimos años de prórroga se han consumido en decidir, de pronto, que se hará un consorcio para el que necesitan dos años más
Como resultado, coinciden las administraciones, se optará por la constitución de «un consorcio» que se había descartado en un principio, pero que después de la reunión entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde, José Antonio Diez
El consorcio retoma la promesa que se hizo hace más de 20 años para coordinar el funcionamiento de los autobuses rojos municipales, gestionados por el Ayuntamiento, y los azules metropolitanos, dependientes de la Junta. El plan habla de un billete único, sin que se fije si habrá gratuidad, como prometió Diez en la campaña de 2019, y la reorganización de las paradas descargar Santo Domingo. Pero el mapa, con los intercambiadores en los que se pasará de las líneas del alfoz a las de la capital, donde se apuesta por reducir a 10 los 13 itinerarios actuales, queda aún pendiente.
El consorcio reedita la promesa que se hizo hace más de 20 años para la integración del bus con la Junta
El convenio, como se abunda en la redacción, «por sí mismo, no implica la delegación de competencias en otras administraciones públicas, ni supone la participación en organizaciones supramunicipales, ni afecta a la forma de gestión del servicio de transporte urbano en el término municipal de León, que se sigue rigiendo por el vigente contrato». La sentencia consagra el mantenimiento de la concesión a Alsa, que tiene además la titularidad del contrato con la Junta para las líneas que comunican con el alfoz, dentro de un calendario con «un régimen de hitos temporales máximos».
Entre ellos se conceden, a partir de la firma, 12 meses para «la aprobación del plan de movilidad sostenible de transporte metropolitano». Habrá otros 6 meses más a partir de entonces para «la suscripción del convenio interadministrativo de constitución del consorcio, así como la efectiva constitución» del mismo. Como cierre se emplaza otro medio año a mayores para «la aprobación del anteproyecto de explotación», que constituirá «la base para la tramitación de las correspondientes licitaciones destinadas a la prestación unificada del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, en los ámbitos urbano y metropolitano». Luego, deberán sacar el concurso y adjudicarlo.