La Audiencia condena a una residencia de mayores de León por la muerte de una persona con alzhéimer que se precipitó desde la quinta planta
La familia siempre sostuvo que la ventana tenía que estar cerrada
Imagen de archivo de la residencia Otazu
Siete años después de una muerte "evitable", la Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia firme condenando a la residencia Clece Vitam Otazú por su responsabilidad civil en el fallecimiento de un residente con alzhéimer avanzado, ocurrido el 15 de enero de 2019, apenas tres horas después de su ingreso en el centro.
La resolución judicial pone fin "a un largo y tortuoso recorrido por los tribunales, marcado por archivos prematuros, falta de diligencia investigadora desde el juzgado de instrucción nº 4 y resoluciones posteriormente revocadas", según explican desde el despacho Serrano Abogados, encargado del caso.
La Audiencia corrige ahora de forma contundente a la primera instancia, reconoce la negligencia del centro y condena a la residencia al pago de las costas judiciales.
Los hechos se produjeron la tarde del 15 de enero de 2019. El residente, diagnosticado de alzhéimer avanzado —dato conocido y documentado a la residencia— fue dejado solo en un estado de agitación, sin las medidas de seguridad básicas exigibles para pacientes con grave deterioro cognitivo. Una ventana sin bloqueo permitió que saliera al exterior y se precipitara desde la quinta planta. Testigos presenciales ajenos a la residencia descartaron que se tratara de un suicidio, pese a que esa fue la versión inicialmente sostenida por la empresa gestora.
Durante la instrucción penal, el caso fue archivado sin que se practicaran diligencias esenciales, como la toma de declaración a los empleados implicados o el análisis de las grabaciones de seguridad, que nunca llegaron a incorporarse al procedimiento. No fue hasta que la familia acudió reiteradamente a la Audiencia Provincial cuando se forzó la reapertura parcial del caso, aunque finalmente la vía penal quedó cerrada sin responsabilidades.
“Es una victoria amarga, porque nadie nos va a devolver la vida de mi padre, pero esta sentencia reconoce por fin la responsabilidad de la residencia y puede servir para proteger a otras familias”, señala Marcos Fernández, hijo del fallecido. “Nuestro objetivo siempre ha sido que se conozca que hubo una negligencia grave a pesar de los intentos de cerrar el caso sin investigar y que no vuelva a repetirse”.
La propiedad de la residencia correspondía entonces a Clece Vitam, empresa vinculada al grupo ACS, aunque a día de hoy sólo se ocupa de la gestión ya que la propiedad ha pasado a manos de un fondo de inversión. La familia subraya que este caso no es una excepción, sino un ejemplo de los riesgos que asumen miles de familias al confiar el cuidado de personas vulnerables a centros donde los protocolos no siempre se cumplen.
“Esto no va de revancha ni de dinero”, añade Fernández. “Va de responsabilidad, de transparencia y de que ninguna otra familia tenga que pasar por siete años de silencio, desgaste y sufrimiento para que se reconozca una verdad evidente”.
La familia hace un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar los controles, la supervisión y la rendición de cuentas en las residencias de mayores, especialmente aquellas que atienden a personas con deterioro cognitivo severo.
Por último, la familia quiere agradecer a Carmen Serrano, la abogadaen este largo proceso, por su buen trabajo e implicación.