León dobla previsiones y regulariza a 5.830 migrantes en pleno pulso social
Choque político: Sen ve rescate de la economía sumergida y Carriedo teme el «efecto llamada».La provincia, tercera en CyL en volumen, tras Valladolid (8.337) y Burgos (7.774)
Una mujer migrante coge en el cuello a su hija dormida.
El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha cerrado su ventanilla con un balance que desborda por completo los cálculos iniciales en León. Según los datos definitivos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia ha registrado 5.830 solicitudes, una cifra que dobla las previsiones fijadas inicialmente en torno a las 2.900 peticiones.
Este aluvión de solicitudes sitúa a León como la tercera provincia de CyL con mayor volumen de regularizaciones —solo por detrás de Valladolid (8.337) y Burgos (7.774)— y evidencia la enorme bolsa de economía sumergida y desprotección que existía en el territorio. En total, la comunidad autónoma suma 39.981 peticiones (el 3,4% del conjunto nacional, que roza los 1,2 millones de solicitudes).
El éxito cuantitativo del proceso no ha estado exento de tensión. Detrás de este desborde en las cifras emergen meses de un intenso trabajo de trinchera y fuerte presión por parte de organizaciones como Cáritas y sindicatos como CC OO. Ambas entidades, que han empujado la medida desde sus inicios a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), no han ahorrado críticas hacia la gestión de la administración durante los dos meses y medio que ha durado el plazo.
Tanto el sindicato como la organización social han calificado el proceso como una «carrera de obstáculos», criticando duramente el colapso del sistema de citas previas —en CyL solo se asignaron 18.646 citas frente a las casi 40.000 solicitudes reales— y las «asfixiantes trabas burocráticas» que han dejado fuera a muchas personas.
De hecho, estas entidades arroparon hasta el último momento las exigencias de partidos como Sumar o Podemos para prorrogar un plazo que consideran «claramente insuficiente». Ahora, con las cartas sobre la mesa, exigen al Gobierno central que meta una marcha más para resolver los expedientes con agilidad y evitar que el colapso administrativo atrape de nuevo a los solicitantes. No obstante, León afronta ahora la revisión de las solicitudes completamente desbordado por sus propias expectativas y con temor a un cuello de botella administrativo.
El eco de los datos ha provocado la reacción de los frentes políticos. Desde Cubillos del Sil, el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, defendió la urgencia de una medida que busca rescatar a miles de personas de la vulnerabilidad de la economía sumergida, algo que «ningún país democrático puede tolerar». Sen recordó el amplísimo consenso social que avala el proceso y destacó el apoyo de sindicatos, empresarios e incluso de la Iglesia católica.
En el otro extremo de la balanza, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, enfrió los datos marcando distancias con el Ejecutivo central. Aunque consideró positivo contar con una «inmigración ordenada» que cotice y pague impuestos, Carriedo criticó las formas del Gobierno de España advirtiendo del riesgo de que este tipo de procesos extraordinarios terminen beneficiando a «mafias de personas» y descontrolando los flujos migratorios.
América Latina lidera con un 67% el nuevo perfil
Si se pone la lupa sobre el perfil de los solicitantes que aspiran a incorporarse de pleno derecho al mercado de trabajo leonés, la radiografía es nítida: posee mayoritariamente acento latinoamericano. El 67% de los solicitantes procede de América Central y de del Sur. Por nacionalidades, Colombia se consolida como el principal motor de esta regularización al concentrar el 26% de las peticiones, sobre todo, en servicios y cuidados.
Le siguen, a cierta distancia pero con un peso específico crucial, Marruecos con un 13,4% —cuyo perfil suele estar muy ligado históricamente al sector agrícola y la construcción—, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. Con las ventanillas de solicitud ya cerradas, la pelota está ahora en el tejado de las oficinas de extranjería. Comienza el verdadero «baile» de la revisión de expedientes, un engranaje administrativo de dimensiones colosales donde la Subdelegación del Gobierno y la administración central tendrán que examinar con lupa cada caso.
El filtro va a ser estricto: los funcionarios deberán cribar y verificar que los solicitantes cumplen a rajatabla con los dos grandes requisitos fijados por el real decreto. Demostrar fehacientemente —a través de empadronamientos, contratos informales o atención médica— que vivían de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y que acumulan un mínimo de cinco meses en el país; por otro, el obligado control de seguridad que exige la ausencia total de antecedentes penales, tanto en España como en sus países de origen.