Diario de León

El PP ve peligro para los servicios esenciales en CyL con la nueva financiación autonómica

Manuel Mendoza y María José Álvarez Casais pidenponderar «el coste real de los servicios, la superficie, la dispersión y la baja densidad demográfica» de la comunidad

El PP ve injusto el modelo propuesto por Sánchez para la comunidad, con escaso dinero para sanidad.

El PP ve injusto el modelo propuesto por Sánchez para la comunidad, con escaso dinero para sanidad.virginia morán

Pilar Infiesta
León

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El PP alzó ayer la voz en León contra la propuesta de modelo de financiación autonómica remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades. Ven que el borrador no solo replica el planteamiento de enero, sino que resulta «sumamente perjudicial» para CyL al poner en riesgo el acceso en condiciones de igualdad a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El procurador Antonio Mendoza advirtió que la reforma golpea de lleno el estado del bienestar autonómico. «No estamos hablando únicamente de dinero, porcentajes o balances contables, sino de la capacidad que tendrá nuestra comunidad para seguir garantizando una sanidad de calidad, una educación de excelencia y unos servicios sociales que lleguen a todos los municipios, por alejados o pequeños que sean», criticó.

Censura al uso político

Censuró el uso político del reparto presupuestario. «El Gobierno de Pedro Sánchez quiere convertir la financiación en moneda de cambio para seguir en el poder. Para el PP hay un principio irrenunciable: todos los españoles deben tener los mismos derechos y acceder a servicios públicos esenciales vivan donde vivan, y ese principio hoy está en peligro». Ve «inaceptable» los 271 M€ de asignación prevista para la comunidad de los fondos adicionales de 20.900 M€, apenas un 1,29% para 2027.

Geografía y coste

«CyL no pide más que nadie, pero es la más extensa de España, con una población envejecida, miles de núcleos dispersos y un coste de mantenimiento de los servicios muy superior al de territorios con mayor densidad», recordó, insistiendo en que el nuevo modelo debe ponderar «el coste real de los servicios, la superficie, la dispersión y la baja densidad demográfica». por su parte, la procuradora María José Álvarez Casais, instó al Partido Socialista a fijar una postura clara ante los pactos que favorecen a otras autonomías.

«El debate actual es decidir si Castilla y León va a tener voz propia o va a quedar relegada a un segundo plano porque otros territorios tienen más capacidad para condicionar la estabilidad del Gobierno de España», recalcó.

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