Los médicos de Castilla y León podrán consultar el puesto de trabajo al tramitar una baja laboral

Los médicos de Atención Primaria y otros facultativos del sistema sanitario público de Castilla y León podrán consultar datos sobre la ocupación y el puesto de trabajo de los pacientes cuando evalúen una incapacidad temporal, gracias al convenio firmado entre la Seguridad Social y la Junta que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo, suscrito por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la comunidad autónoma de Castilla y León, permitirá compartir información laboral de los trabajadores para que los profesionales sanitarios dispongan de más datos objetivos a la hora de determinar si una persona puede desempeñar su actividad habitual o requiere una baja médica.

Según recoge el texto publicado, hasta ahora los facultativos dependían en gran medida de la información proporcionada por el propio trabajador durante el reconocimiento médico para conocer las características de su empleo.

Con el nuevo sistema, el INSS pondrá a disposición de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, información procedente del Fichero General de Afiliación de la Seguridad Social y de las bases de datos del propio instituto.

Entre los datos que podrán consultar los médicos figuran el código y descripción de la ocupación del trabajador, la actividad económica de la empresa en la que presta servicio, el coeficiente de parcialidad de la jornada laboral y la entidad responsable de la contingencia y de la asistencia sanitaria.

También podrán acceder, cuando exista esa información, a la descripción del puesto y de las funciones desempeñadas por el trabajador que hayan sido comunicadas por la empresa al INSS durante procesos de incapacidad temporal anteriores.

El objetivo es facilitar una "determinación objetiva" de la incapacidad temporal para el trabajo habitual y apoyar la labor de los facultativos tanto en la emisión de los partes de baja como durante el seguimiento de estos procesos.

El convenio establece que los datos solo podrán utilizarse para la gestión de las incapacidades temporales y prohíbe expresamente cualquier uso distinto. Además, las administraciones implicadas deberán cumplir la normativa europea y española de protección de datos y garantizar medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

La colaboración se realizará en dos fases: primero, la Tesorería General de la Seguridad Social facilitará la información al INSS y, posteriormente, este organismo la trasladará a Sacyl para que esté disponible durante las consultas médicas relacionadas con procesos de incapacidad temporal.

La resolución publicada por el BOE señala que el convenio fue firmado el pasado 2 de agosto y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro si así lo acuerdan las partes.

Con esta medida, Castilla y León se dota de una herramienta de coordinación entre la Administración sanitaria y la Seguridad Social que busca mejorar la valoración de las bajas laborales mediante un mayor conocimiento de las condiciones reales de trabajo de cada paciente.