Villaquilambre mejora su seguridad digital tras la primera lupa de Cuentas en 2021
El municipio del alfoz leonés recorta distancias con las exigencias normativas al convocar una plaza de informático.La Bañeza y Astorga continúan en niveles mínimos de protección
El presidente del Consejo de Cuentas de CyL, Mario Amilivia, compareció en las Cortes.
Cinco años después de que el Consejo de Cuentas de Castilla y León pusiera por primera vez bajo la lupa la ciberseguridad municipal, el Ayuntamiento de Villaquilambre ha logrado avanzar, como destacó en las Cortes el presidente del órgano fiscalizador, Mario Amilivia. Este municipio del alfoz leonés ha elevado su índice de cumplimiento del 39% al 45% y roza ya el nivel 2 de madurez digital.
El impulso decisivo en Villaquilambre ha venido marcado por la decisión de dotarse de recursos humanos propios, tras la puesta en marcha el pasado julio de las oposiciones para cubrir una plaza fija de técnico informático, lo que permite asentar una estructura organizativa de la que carecía.
La evolución positiva de Villaquilambre contrasta con la parálisis que refleja el seguimiento del Consejo de Cuentas en los otros dos consistorios leoneses a los que recomendó mejoras, que continúan estancados en el nivel 1 de madurez (el escalón más bajo). En el caso de La Bañeza (18% de cumplimiento), mantiene un estado «muy vulnerable» y carece de una estrategia informática formal. Aunque ha renovado equipos obsoletos e implantado copias de seguridad en la nube, solo ha contado con un refuerzo técnico de carácter temporal y sigue sin formalizar su política de seguridad, según desgranó Amilivia.
Por su parte Astorga (20% de cumplimiento), a pesar de haber dado un primer paso positivo con la aprobación de su Política de Seguridad de la Información e incluir la plaza técnica en su plantilla, apenas suma dos puntos respecto a 2021 (18%). La dispersión entre sistemas propios, externos y el auxilio de la Diputación dificulta la consolidación de un entorno seguro. Más allá de la falta de personal, los informes del órgano de control externo dejan entrever un obstáculo de fondo: la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad exige inversiones continuas en infraestructuras informáticas, licencias y servicios especializados de ciberseguridad que desbordan la capacidad económica de las haciendas locales y la transición de plataformas obsoletas hacia modelos protegidos requiere gran desembolso.