Las agresiones se disparan en la cárcel de León: 166 entre internos en 2025
La estadística refleja un aumento significativo respecto a 2024, cuando se contabilizaron 112 agresiones entre reclusos, y consolida una tendencia ascendente iniciada tras la pandemia.

Instalaciones de Villahierro, en imagen de archivo.
Villahierro, la prisión de Mansilla de las Mulas (León) registró en 2025 un total de 166 agresiones entre internos, la cifra más alta desde 2020, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a preguntas de las diputadas del PP por León Silvia Franco y Ester Muñoz sobre la situación del centro penitenciario.
La estadística refleja un aumento significativo respecto a 2024, cuando se contabilizaron 112 agresiones entre reclusos, y consolida una tendencia ascendente iniciada tras la pandemia.
Los datos oficiales indican que en 2020 se produjeron 97 incidentes de este tipo; en 2021 fueron 79; en 2022 alcanzaron los 100; en 2023 llegaron a 111; en 2024 se situaron en 112, y en 2025 escalaron hasta 166.
La información ha sido facilitada por el Ejecutivo en respuesta a una batería de iniciativas parlamentarias registradas por las representantes leonesas del Grupo Popular, que solicitaron explicaciones sobre la falta de personal, la atención sanitaria, los recursos de salud mental y las medidas adoptadas tras una reciente agresión a un trabajador del centro.
Pese al incremento de los episodios violentos, el Gobierno rechaza que exista un déficit de funcionarios en el establecimiento penitenciario.
Según los datos remitidos a la Cámara Baja, la relación de puestos de trabajo contempla 499 plazas, mientras que actualmente prestan servicio 506 funcionarios, lo que supone una cobertura superior al 100 %.
La Administración penitenciaria sostiene además que la ratio de población reclusa por empleado se sitúa en 2,28 internos por funcionario, ligeramente mejor que la media del conjunto de centros dependientes de la Administración General del Estado, fijada en 2,36.
Más dificultades reconoce el Ejecutivo en el ámbito sanitario. De las ocho plazas de médicos previstas en la plantilla del centro penitenciario leonés, únicamente tres se encuentran cubiertas en la actualidad, mientras que las nueve plazas de enfermería están ocupadas.
Para hacer frente a esa situación, Instituciones Penitenciarias asegura que complementa la asistencia con sistemas de apoyo sanitario mediante videoconsulta y con derivaciones a los recursos asistenciales externos cuando resulta necesario.
Las preguntas parlamentarias también se interesaban por la atención a los internos con problemas de salud mental, una cuestión especialmente sensible después de diversos incidentes registrados en centros penitenciarios españoles.
En este sentido, el Gobierno destaca la implantación en León del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), en el que a cierre de 2025 participaban 59 internos, 56 hombres y tres mujeres.
Asimismo, otros 15 reclusos estaban incluidos en programas específicos de atención a la enfermedad mental y 54 participaban en iniciativas de terapia asistida con animales.
La respuesta recoge igualmente los datos relativos a agresiones sufridas por trabajadores penitenciarios. En 2025 se registraron ocho incidentes de este tipo, por debajo de los diez contabilizados en 2023, aunque muy por encima de los dos casos anotados en 2020.
Según el Ejecutivo, las agresiones registradas en el periodo analizado provocaron lesiones leves o no ocasionaron daños físicos a los empleados afectados.
Entre las medidas preventivas desarrolladas en la prisión de León, Instituciones Penitenciarias menciona los módulos de respeto, programas de tratamiento de adicciones, actuaciones de mediación y resolución de conflictos y el Programa de Intervención en Conductas Violentas (PICOVI), destinado a reducir la agresividad y mejorar la convivencia entre los internos.
El centro penitenciario leonés dispone de una capacidad de 2.268 plazas residenciales y alberga actualmente a 1.133 internos, por lo que su nivel de ocupación se encuentra en torno al 50 %. El Gobierno subraya que la dotación sanitaria fue diseñada originalmente para un escenario de plena ocupación del establecimiento.