El BOE lo confirma y ya está en vigor: el Sepe cambia quién decide la expulsión de los programas de formación que afectan a miles de alumnos
Una resolución reparte de otra forma el poder en las direcciones provinciales, con el grupo mixto y las entidades promotoras en el centro
Una mujer observa los listados del Sepe.
El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ha modificado su régimen de delegación de competencias. La Resolución de 19 de octubre de 2026, publicada en el BOE el 27 de octubre, atribuye a las direcciones provinciales la facultad de resolver las expulsiones de participantes en la etapa formativa de los programas TándEM de empleo y formación en toda España.
La norma añade una nueva letra n) al apartado Primero. 7.3.2 de la Resolución de 6 de octubre de 2008. Esa letra fija que cada director o directora provincial decidirá cuando el programa se desarrolle en su ámbito territorial. La resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Hasta ahora, la delegación vigente desde 2008 no contemplaba expresamente este supuesto, porque los programas actuales no existían entonces. El Sepe reconoce que su implantación ha generado nuevas necesidades de gestión que aconsejaban actualizar el reparto de funciones internas.
Resumen de la resolución
El texto es breve, pero su alcance práctico es considerable. Las personas titulares de las direcciones provinciales podrán resolver los procedimientos de expulsión de quienes participen en la fase formativa de los programas experienciales de empleo y formación TándEM, regulados en los artículos 30 a 35 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.
La resolución debe ser motivada, es decir, debe explicar las razones concretas de la expulsión. Además, no puede dictarse de forma unilateral: exige una propuesta previa de la entidad promotora del programa, la audiencia de la persona interesada y el acuerdo del grupo mixto.
El procedimiento debe respetar la normativa específica del programa y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En la práctica, esto implica garantías básicas como el derecho a ser oído y a conocer los motivos de la decisión.
Qué son los programas TándEM
Los programas experienciales de empleo y formación combinan aprendizaje y trabajo real para personas desempleadas. Las entidades promotoras, como ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro u otras administraciones, desarrollan proyectos en los que el alumnado se forma y adquiere experiencia profesional al mismo tiempo.
El Real Decreto 818/2021 llevó a cabo una ordenación integral y sistematizada de los programas comunes de activación para el empleo. Posteriormente, el Real Decreto 1248/2024, de 10 de diciembre, incorporó el término «TándEM» a su denominación y extendió al régimen común iniciativas contra el desempleo juvenil que habían dado buenos resultados.
Estas actuaciones se enmarcan en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. España ha recurrido a estos fondos europeos para reforzar la formación y la inserción de colectivos con dificultades de acceso al empleo.
Qué es el grupo mixto y por qué importa
El grupo mixto es el órgano que reúne a representantes de la entidad promotora y del servicio público de empleo para el seguimiento del programa. Su acuerdo es un requisito obligatorio antes de que la Dirección Provincial firme una expulsión, lo que añade un filtro colegiado a una decisión con efectos directos sobre la persona afectada.
Para el alumnado, la expulsión supone perder la formación y la retribución asociada al programa. Por eso la exigencia de motivación y de audiencia resulta relevante: permite alegar, aportar pruebas y, en su caso, recurrir la decisión por la vía administrativa o contencioso-administrativa.
Análisis: más agilidad y seguridad jurídica
La delegación persigue acercar la decisión al territorio donde se ejecuta el programa. Las Direcciones Provinciales conocen mejor a las entidades promotoras y la situación concreta de cada proyecto, lo que puede reducir plazos y evitar trámites en los servicios centrales.
Desde el punto de vista jurídico, la medida otorga seguridad sobre qué órgano es competente. Una resolución dictada por un órgano sin competencia podría ser anulada, de modo que fijar expresamente la delegación protege tanto a la Administración como a los participantes.
La base legal es el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la delegación de competencias entre órganos administrativos y exige su publicación en el diario oficial correspondiente.
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Quienes participen o quieran participar en estos programas pueden consultar Real Decreto 818/2021 programas experienciales, requisitos de acceso a TándEM, funciones de las Direcciones Provinciales del Sepe y derechos del alumnado en procedimientos administrativos. También son habituales las dudas sobre recursos contra una expulsión y sobre el papel de las entidades promotoras.
La referencia oficial es el BOE número 266, del 27 de octubre de 2026, Sección III, página 143664, con el identificador BOE-A-2026-22512, verificable en la web del Boletín Oficial del Estado.