El PP votará en contra de la nueva tasa de basuras de León y cuestiona las cuentas de Diez

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León votará este miércoles en contra de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras que el equipo de gobierno de José Antonio Diez pretende aprobar en el Pleno con la abstención de la UPL. El portavoz popular, David Fernández, sostiene que la norma supondrá una subida del 4,5% para los contribuyentes y cuestiona tanto el cálculo de los ingresos previstos como el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la legislación estatal de residuos.

Fernández ha explicado este martes que la nueva ordenanza sustituirá a la aprobada en 2024, que fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en septiembre de 2025. Según el portavoz del PP, la anulación de aquella tasa y la posterior de la tasa de tratamiento de residuos de 2024 han provocado una pérdida económica para las arcas municipales de más de 15 millones de euros en los dos últimos años.

El dirigente popular ha defendido que su grupo ya advirtió de los problemas de la ordenanza anterior y ha criticado la gestión del gobierno municipal. «Tenían razón cuando decíamos que se había hecho a carreras, de manera chapucera y, sobre todo, incumpliendo las exigencias de la ley nacional de residuos», ha afirmado, antes de añadir que la situación ha causado «una importante lesión económica» al Ayuntamiento y «una gran inseguridad jurídica» a los vecinos.

Fernández también ha denunciado que todavía no se han devuelto los recibos cobrados por la tasa anulada. «Siguen sin devolverse a los leoneses los recibos cobrados de una tasa de basuras ilegal», ha señalado.

Una subida fiscal que se suma a la del agua

El primer argumento del PP para rechazar la ordenanza es el incremento de la tasa, que Fernández cifra en un 4,5%. El portavoz considera que esta subida se añade a la aplicada al recibo del agua, que sitúa en más de un 20% durante el actual mandato municipal.

«Los vecinos de la ciudad tienen que afrontar importantes subidas en el coste de la vivienda, del combustible, de la luz, de la cesta de la compra o las 100 subidas fiscales de Sánchez», ha afirmado. En este contexto, ha reprochado al alcalde y a la UPL que incrementen la carga económica de los ciudadanos y ha reiterado que el PP no respaldará nuevas subidas de impuestos.

«No se puede pedir más a los leoneses por dar el mismo servicio o incluso peor», ha sostenido Fernández.

El PP cuestiona la separación y el tratamiento de los residuos

El segundo motivo de rechazo es, según el portavoz popular, la falta de desarrollo de los mecanismos necesarios para cumplir la ley estatal de residuos, aprobada hace cuatro años y medio. Fernández asegura que el Ayuntamiento todavía no dispone de los sistemas necesarios para separar y tratar los residuos orgánicos ni para obtener información suficiente sobre la cantidad de basura generada y el esfuerzo de los ciudadanos en su separación y reciclaje.

El concejal ha vinculado estas carencias a las pérdidas de subvenciones y al incremento de los costes del convenio con la Diputación para el tratamiento de los residuos, cuestiones que, según ha indicado, su grupo ya había denunciado anteriormente.

Además, considera que la falta de esos datos impide calcular la tasa en función de la cantidad de residuos generados y establecer coeficientes correctores que beneficien a quienes reciclan. A su juicio, esta circunstancia aleja la ordenanza de las exigencias de la legislación estatal y podría poner en riesgo su aplicación si vuelve a ser recurrida ante la Justicia.

Dudas sobre el padrón y el cálculo de la tasa

Fernández también ha cuestionado que el Ayuntamiento pretenda aprobar la ordenanza sin haber completado la vinculación entre las referencias catastrales y el padrón municipal, dos elementos que, según ha explicado, se utilizan para calcular la tasa.

El portavoz popular ha señalado que la Junta de Gobierno del 16 de octubre aprobó por urgencia la contratación de una empresa por 115.000 euros para realizar ese trabajo, apenas tres días antes de que la ordenanza pasara por la Comisión de Hacienda.

«Si estos iban a ser los criterios de cálculo, ¿por qué no han hecho este trabajo de manera paralela a la redacción de la ordenanza?», ha preguntado. Fernández ha añadido que, si el plazo de ejecución del contrato es de doce meses, existen dudas sobre cuándo podrá comenzar a cobrarse la nueva tasa.

También ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda estimar la recaudación prevista sin disponer todavía de la información completa sobre los criterios utilizados para calcularla. «Tristemente, me temo que estamos ante un nuevo ejercicio de improvisación y despilfarro de este gobierno socialista del Ayuntamiento de León», ha afirmado.

Una tasa que, según el PP, no premia el reciclaje

El tercer argumento de los populares es que la nueva tasa no establece, a su juicio, un sistema suficientemente claro para relacionar la cantidad de residuos generados con el importe que debe pagar cada contribuyente.

Fernández considera que tampoco incorpora un coeficiente de corrección ambiental que beneficie a quienes separan adecuadamente la basura y reciclan. «Si estamos ante una tasa ambiental, es de sentido común que se premie a quienes se esfuercen por reciclar y por fomentar esa economía circular», ha defendido.

El portavoz sostiene que ese es el espíritu de la ley estatal, pero considera que el Ayuntamiento no podrá aplicarlo mientras no disponga de los mecanismos y datos necesarios.

Discrepancias en las cifras económicas

El cuarto motivo de rechazo se centra en las cifras que maneja el equipo de gobierno. Fernández ha cuestionado que la subida anunciada sea del 4,5% respecto a hace dos años, ya que, según sus datos, en 2023 se recaudaron 9,3 millones de euros, una cantidad que utiliza para sostener que el incremento sería del 19%.

También ha señalado una diferencia entre el coste del servicio que el Ayuntamiento sitúa actualmente en 11,07 millones de euros y los 11,6 millones que, según el PP, figuraban en la memoria económica de 2024. «¿Cuál es cierto? ¿Puede ser que este servicio cueste hoy medio millón menos que en 2024?», ha planteado.

Fernández ha cuestionado asimismo que el Consistorio sostenga que la ley obliga a recaudar el coste del servicio mientras, según su versión, reconoce desconocer el importe de las dos únicas bonificaciones previstas en la ordenanza.

A estas dudas ha sumado la estimación de ingresos de 11,07 millones de euros, que considera difícil de justificar sin tener vinculadas las referencias catastrales con el padrón municipal. Por último, ha criticado que el PP no disponga del informe económico elaborado por el servicio municipal al que, según ha indicado, alude el Ayuntamiento. «En 2024 sí lo aportaron. Ahora, no», ha afirmado.

El PP descarta apoyar la ordenanza

Por estos motivos, el Grupo Municipal Popular votará en contra de la nueva tasa en el Pleno de este miércoles. Fernández ha asegurado que su partido no quiere respaldar una nueva subida fiscal ni avalar una ordenanza que considera insuficientemente justificada.

«No vamos a ser partícipes de esta forma chapucera de gobernar y de una nueva subida fiscal», ha señalado el portavoz, que también ha descartado que el PP facilite la aprobación de la norma mediante una abstención.

Fernández ha cerrado su intervención con una crítica directa a la gestión municipal de los residuos y al papel de la UPL en la votación: «No vamos a blanquear ni con nuestro voto a favor ni con nuestra abstención la gestión de residuos de José Antonio Diez, que es la peor gestión de residuos de España. Para eso ya está UPL».