La abstención de UPL permite a Diez salvar la nueva ordenanza de basura que sube el recibo un 4,5%
El alcalde compromete que no se cobrará a nadie al que no se haya devuelto el recibo anulado de 2024
Un momento durante la votación
Con el único apoyo del equipo de gobierno del PSOE, el Ayuntamiento de León sacó adelante este miércoles de manera inicial en el Pleno la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales. Pese a la oposición de PP y Vox, la abstención de UPL sirvió de gracia para que, ante el empate de votos en contra y a favor, el de calidad del alcalde, José Antonio Diez, sirviera para que la normativa, que aúna la actual de recogida con la antigua de Gersul, supere su primer paso administrativo para poder empezar a cobrarse en 2027 con una subida media del 4,5%.
Aunque “no es una subida, sino una redistribución de tributos porque hay quien va a pagar menos”, como argumentó el alcalde, quien se jactó de que “la presión fiscal ha bajado porque no se pagaron los recibos de 2024, 2025 y 2026” del tratamiento de la basura, cuya ordenanza anuló el juzgado. Diez incidió además en que “no se va a cobrar a nadie a quien no se les haya devuelto antes la anterior” tasa, anulada por el TSJ, con la que se recaudaron 3,7 millones, a razones de 38 euros por vivienda.
La devolución, como abundó el concejal de Hacienda, se hará “en este ejercicio”. Carmelo Alonso defendió la ordenanza e insistió en que los 11.070.598,71 euros del coste del servicio “hay que repercutirlo a los usuarios y beneficiarios”. Para hacerlo, como detalló el edil socialista, “se pretende usar criterios basados en índices objetivos como la superficie, el valor catastral y el número de empadronados”, que generan que “el recibo medio de una vivienda salga por 94,91 euros, lo que viene a ser unos 6 euros más que la suma de las tarifas anteriores,”.
Alonso incidió en que “para las actividades económicas se reduce la aportación”, aunque admitió que “sube para las oficinas y la hostelería”. En todas, como apostilló, el cálculo se hace para que “el 75% del recibo se base en la generación de basura” y corrija “situaciones injustas como locales cerrados o bares que pagaban como comercios”.
David Fernández: “Es la peor gestión de residuos de España”
Frente a este posicionamiento, el portavoz del PP atacó al equipo de gobierno porque la nueva tasa “sube la presión fiscal a los leoneses un 4,5%, una subida que se suma a la del agua de más de un 20% solo en este mandato”. David Fernández, que recordó que hace dos años su grupo votó en contra de la anterior ordenanza que luego tumbó el TSJ, incidió en que “pretenden aprobar esta ordenanza sin tener el padrón depurado”, para el que han adjudicado “por urgencia un contrato donde se contrataba a una empresa a razón de 115.000 euros para vincular las referencias catastrales con el padrón municipal”.
El edil abundó en que “no es justa porque no hay un criterio claro que ligue la generación de residuos con el cálculo de la tasa y no es justa porque no establece un coeficiente de corrección ambiental que beneficie a quienes hagan una separación de residuos adecuada y reciclen”. “No vamos a ser partícipes de esta forma chapucera de gobernar y de una nueva subida fiscal. Y, por supuesto, no vamos a blanquear ni con nuestro voto a favor, ni con nuestra abstención la gestión de residuos de José Antonio Diez, que es la peor gestión de residuos de España”, remarcó, no sin aprovechar para ironizar con que “los ataques de responsabilidad de UPL le cuestan mucho dinero a los leoneses”.
López Sendino: “No nos parece justa pero nos abstenemos por responsabilidad”
La pulla de Fernández la recibió el portavoz de UPL con el aviso de que “lo que costaría dinero es que no se aprobara”. “El que cuesta dinero es usted”, le lanzó Eduardo López Sendino, quien reconoció que la tasa no les “parece que sea justa”, pero se abstienen “por responsabilidad porque el Ayuntamiento de León no puede dejar de recaudar 11 millones de euros”.
El líder leonesista apuntó hacia el PP para remarcar que les “sorprende que un partido que pretende llegar a ser gobierno vote en contra porque, si gobierna, tendría que hacerlo con 11 millones de euros menos”. López Sendino concedió que “de alguna manera hay que repartir el gasto, otra cosa son los criterios para hacerlo”, dado que la tasa “se ajusta a la comodidad de la gestión, pero no a la justicia”, al aplicar el cálculo por tramos. “Es más razonable tomar el importe del valor catastral y multiplicarlo por el de cada uno, no por tramos en los que con un euro de diferencia se cobra el doble”, explicó, a la vez que trasladó el problema de que “en el catastro la mayoría de los locales aparecen como uso comercial y no de hostelería”, lo que hace que paguen menos.
Blanca Herreros: “Tenemos serias dudas de que sea legal”
A los votos en contra se sumó Vox, que en la primera de las comisiones informativas de Hacienda se había abstenido. La portavoz, Blanca Herreros, aludió como rechazo a un motivo “ideológico” por su rechazo a la Ley de Economía Circular, además de que afirmó que, “desde el punto de vista jurídico”, tiene “serias dudas de que sea legal”. “Las cuotas se basan en meras suposiciones por la superficie. Me temo que va a seguir el mismo camino que sufrieron sus predecesoras”, auguró.