El colegio de Carbajal de la Legua cierra el caso del menor por falta de pruebas
Archiva el expediente sin sanciones y apuesta por reforzar la educación afectiva en las aulas adaptada a la edad de su alumnado

Instalaciones del colegio de Carbajal de la Legua.
Tras salir a la luz pública una denuncia contra un menor de 10 años por supuesto abuso sexual contra varias pequeñas en el colegio de Carbajal de la Legua, que puso al crío en la diana, tanto la vía judicial como la escolar contra él se han archivado.
La primera porque la Fiscalía de Menores admite que por su corta edad no es imputable y la segunda, «porque no existen pruebas objetivas que acrediten los hechos tras la investigación que se realizó», según explicaron fuentes educativas.
El cierre sin expulsión o sanciones al niño, que cumple 11 años en diciembre, fue comunicado ayer por la tarde en el Claustro de Profesores del colegio y en el Consejo Escolar del centro.
De forma paralela a las reuniones de los órganos colegiados, y según ha trascendido, la dirección de las instalaciones educativas mantuvo contacto directo con el entorno de los implicados para informarles del desenlace. El director comunicó personalmente el cierre del expediente a las cinco familias que interpusieron la denuncia inicial.
En este contexto de gran sensibilidad, tres de esas familias manifestaron su deseo expreso de desmarcarse del revuelo mediático generado en torno al suceso para priorizar la intimidad y el bienestar emocional de sus hijas frente a la exposición pública.
Desde el propio centro docente quisieron salir al paso de cualquier duda sobre la gestión de este suceso, reiterando con firmeza que «el colegio ha actuado desde el minuto uno en que tuvo conocimiento de los hechos, que fue el 16 de octubre a las dos de la tarde, para aplicar milimétricamente la normativa de convivencia y medidas preventivas».
En esa línea, subrayaron que durante todo este tiempo se ha mantenido una vigilancia exhaustiva sobre las dinámicas diarias del centro. «Se ha revisado el funcionamiento de todos los servicios, sobre todo, en aquellos en los que el niño coincidía con las menores», insistieron desde el ámbito educativo para garantizar la tranquilidad de las familias.
La administración autonómica también ha desempeñado un papel activo en la supervisión del proceso. La Junta de Castilla y León intervino por partida doble a través de sus estructuras técnicas y de inspección. En concreto, la Dirección Provincial de Educación procedió a la apertura de un expediente informativo «en base al reglamento de régimen interior» con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con todas las garantías. Tras completar las indagaciones pertinentes y analizar la información recabada, dicho expediente quedó finalmente archivado como se expuso ayer.
Más allá del plano estrictamente administrativo, la comunidad escolar asume ahora el reto de gestionar la huella emocional que este episodio ha dejado en las aulas. El eco mediático y los comentarios derivados de la denuncia han terminado desestabilizando a los menores señalados, una situación ante la que desde el entorno escolar recuerdan los límites que posee su función institucional. «El colegio no es un cuerpo policial», matizan las mismas fuentes, que aclaran que su labor reside en el acompañamiento pedagógico y formativo.
Por ello, como hoja de ruta inmediata para recomponer el clima de convivencia, el centro reforzará el trabajo preventivo directamente en las aulas, incidiendo en la explicación y el desarrollo de la educación afectiva adaptada a la edad del alumnado.
Esta labor pedagógica se suma a la intervención que ya ha venido desarrollando el equipo psicosocial del centro, cuyos especialistas se pusieron a disposición de las niñas para trabajar los posibles traumas que pudieran presentar y se indicó a sus familias dónde podían acudir para una consulta de psicología clínica de Sacyl.
De modo que tras la intensa exposición social de los menores, el expediente abierto por el colegio concluye sin medidas disciplinarias, como también se cerró el caso sin consecuencias legales. Con este paso formal, la dirección del centro escolar busca dar por zanjada la fase instructora del caso y restituir la normalidad institucional dentro de la comunidad educativa tras semanas de notable tensión.