León, laboratorio de la parálisis estatal: vías muertas y agravios
El análisis de los servicios públicos arroja trenes del siglo XIX, juzgados sobrecargados y obras millonarias convertidas en decorado

Radiografía de los servicios públicos en León
La radiografía de los servicios públicos de la provincia dibuja un territorio abonado al agravio inversor, donde las infraestructuras del Estado parecen diseñadas para poner a prueba la paciencia de sus 446.000 vecinos. El transporte ferroviario se lleva la palma del despropósito. Mientras la alta velocidad supera el millón de viajeros anuales a base de sufrir medio millar de incidencias —con la Variante de Pajares encadenando averías de los trenes Avril y la puntualidad hacia Madrid cayendo por debajo del 75%—, la red convencional parece atrapada en una cápsula del tiempo.
La vieja Feve hacia Guardo sustituye trenes por taxis y autobuses a golpe de fallos, y la vía única a Ponferrada y Galicia condena a uno de cada cinco convoyes al retraso sin un Plan Director real para el Corredor Atlántico ni solución para el Lazo del Manzanal.
Mención aparte merece la integración urbana de Feve. Tras enterrar 21 millones de euros desde 2011 en unas vías muertas y obligar a un transbordo absurdo en La Asunción, el Ministerio ha logrado el milagro de vaciar los trenes hasta dejarlos en una media de siete pasajeros por convoy.
El aeropuerto podría volar más alto. Con pista ampliada y terminal moderna, languidece en el furgón de cola de Aena con apenas 60.000 viajeros anuales —muy lejos de los 108.000 de 2007—, y respira artificialmente gracias a los vuelos subvencionados a Barcelona y a los chárter estacionales. Décadas después, sigue esperando el sistema antiniebla ILS II/III para que el invierno deje de desviar aviones a Valladolid o Asturias. En los juzgados, los magistrados leoneses soportan un 36,5% más de carga de trabajo de lo recomendado y arrastran un atasco del 50% de asuntos pendientes. Para ponerse al día tendrían que trabajar siete meses a puerta cerrada sin admitir un solo caso nuevo.
Pese a ello, el Ministerio sigue dando largas al Juzgado de lo Social número 4, al segundo Mercantil y al refuerzo de Ponferrada, fiando todo al horizonte de 2027 para abrir el de Primera Instancia 11 y el de Violencia sobre la Mujer en la capital.
La dispersión de 1.200 pueblos en más de 15.500 kilómetros cuadrados tampoco encuentra empatía en Madrid. En servicios sociales —donde la red pública atiende a 90.000 personas sin lista de espera gracias al esfuerzo financiero autonómico y provincial—, el Estado dejó su particular monumento a la ineficacia con el Credei (la antigua Ciudad del Mayor): siete millones de euros para abrirlo años tarde, sin plazas residenciales y con actividad testimonial.
A esto se suma una brecha digital que aún deja al 9,2% de los hogares rurales sin fibra ultrarrápida y con esperas de 24 días para un alta, el triple que en la capital.
Mientras la Policía y la Guardia Civil sostienen una criminalidad 10 puntos por debajo de la media nacional —pese al repunte de la ciberdelincuencia— y los bomberos del Sepeis multiplican salidas con sus parques rurales aún a medio desplegar, los ayuntamientos lidian con la factura de las basuras.
Entre los 15,3 millones anuales que dispara el coste en León capital, los 8,5 millones de Ponferrada y las 190.000 toneladas que recoge Gersul por toda la provincia, los vecinos ya notan en el bolsillo el «tasazo» estatal de residuos mientras la planta de San Román de la Vega sigue empantanada en litigios y retrasos.