Casi 300 piden una paga no contributiva al mes hasta el final de su vida porque en su día no cotizaron
Afectados por la colza anuncian más protestas para lograr la pensión
La Asociación de Afectados del Síndrome Tóxico de León no descarta la organización de nuevas movilizaciones y encierros para que 300 enfermos
Los afectados por la colza aguardan el comienzo de la asamblea, ayer en el instituto Juan del Enzina
Los afectados por la colza en León han cobrado o cobrarán entre 108.000 y 541.000 euros (18 y 90 millones de pesetas, respectivamente), aunque de esta cantidad se les descuenta el dinero que han percibido durante todos estos años en forma de pensión, aproximadamente 72.000 euros (12 millones de pesetas). Un grupo de la asociación integrado por alrededor de 300 personas sigue reclamando el cobro -a pesar de la indemnización- de la pensión no contributiva durante toda su vida. El presidente de este colectivo, Abel Fernández, recuerda que en su momento no pudieron cotizar por padecer la enfermedad o por ser jóvenes y no haber llegado aún al mercado laboral. El abogado Carlos Vila añadió también que en todo el país son un total de 2.200 los afectados que reclaman esta paga y pidió sensibilidad a la administración para que finalmente sean concedidas. Igualmente, el letrado indicó que el Tribunal de Estrasburgo había desestimado la demanda, según un auto de noviembre 2002, mediante la que los afectados reclamaban el pago de los intereses tras el retraso en el abono de las indemnizaciones. Ante este fracaso, Carlos Vila anunció que trabaja en la presentación de otra demanda para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que recuerda que existe un precedente en la ONU que fijó responsabilidades judiciales por la tardanza en pagos. Otro aspecto que fue ayer denunciado por el abogado se centra en la lentitud de la Audiencia Nacional en tramitar los expedientes que fijan las indemnizaciones. Aseguró que en principio se concedían una media de 350 al mes y en los últimos meses se ha estancado en las 150 por falta de personal y atención del fiscal que debe firmarlas. En todo el país aún faltan 19.000 afectados por cobrar y en cuatro años han recibido el dinero 13.000, es decir, el 60% del colectivo. Todo el proceso, de acuerdo a sus estimaciones, no finalizará hasta el 2006, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. En León acabará en el 2004.