Los jueces ven esencial dotar de medios la ley de juicios rápidos

La entrada en vigor de la Ley 38/2002 de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, extendida popularmente bajo el dominio de ley de juicios rápidos, centró las ponencias y coloquios en las jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de León, que se han desarrollado en los dos últimos días. El magistrado Carlos Miguélez del Río, titular del juzgado de instrucción número uno de León, e Ignacio Javier Rafols Pérez, titular del juzgado de lo penal número uno de León, expusieron a los asistentes una ponencia sobre las cuestiones prácticas de la Ley 38/2002 de 24 de octubre ante el juzgado de instrucción y el juzgado de lo penal. Respecto a la aplicación de esta ley que regula los juicios rápidos, el magistrado Carlos Miguélez del Río, define la necesidad de que implanten medios. «Será insuficiente si no va acompañada de medios humanos, en juzgados y en policía judicial, y de medidas de carácter social porque no se puede aplicar la legalidad sólo con medidas represoras». En la misma línea manifestada por otros miembros de la magistratura, el titular del juzgado de instrucción número uno de los de León considera impreciso vaticinar un porcentaje de procesos judiciales asumidos bajo el ala de los juicios rápidos luego de la entrada en vigor de la Ley. «Como es una ley novedosa no hay estadísticas fiables. El objetivo es que la mayor parte de las actuaciones que se planteen ante el juzgado de guardia se resuelvan con rapidez», matizó el juez Miguélez, que precisó sobre una cuestión paradójica de la aplicación celosa de los juicios rápidos. «Una excesiva inmediatez en el señalamiento de juicios, puede llevar consigo el quebrantamiento de principios fundamentales, como es el derecho de defensa; sobre todo en el proceso penal está en juego el derecho básico a la libertad y porque todo acusado tiene derecho a preparar su defensa en tiempo preferencial». La dotación de medios es esencial para el éxito de esta ley.