El fiscal pide 16,5 años para los ex pedáneos por malversar fondos

El fiscal solicitará una pena de dieciséis años y medio de prisión para tres acusados por otros tantos presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos en la junta vecinal de Alija de la Ribera León, al apoderarse supuestamente de 70.960 euros «con ánimo de propio beneficio». La vista se celebrará el próximo día 20 de noviembre en la Audiencia Provincial de León, donde se sentarán en el banquillo de los acusados Leonardo Ferrero y Bernardo Pérez, presidentes de la junta vecinal desde 1987 a 1991, y de 1991 a 1995, respectivamente, siendo el segundo también vocal en el anterior periodo, y un tercero, quien fuera secretario desde 1991 hasta 1995, Miguel Pérez. El fiscal solicitará una pena de seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta para los dos presidentes y cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta para el que fuera secretario, cada uno de ellos por un supuesto delito continuado de malversación de fondos públicos. Los hechos juzgados y denunciados por el actual presidente de la junta vecinal, Oscar Prieto, fueron presuntamente cometidos entre diciembre de 1987 y mediados de 1995 cuando los acusados «hicieron suyo con ánimo de propio beneficio» 70.960 euros, si bien el tercer acusado, el secretario, tuvo participación supuestamente únicamente de la cantidad de 31.938 euros. Durante estos ocho años, los acusados manejaron unos ingresos de la junta vecinal que ascendían a 165.794 euros, calculados según los certificados de las entidades pagadoras, de los extractos de las cuentas bancarias de la Junta y los ingresos registrados en contabilidad sin soporte justificativo, según consta en las calificaciones provisionales del fiscal. El total de los gastos en este periodo ascendieron a 86.773 euros, a los que hay que añadir 8.060 euros correspondientes a comidas, excursiones y similares, mientras que el resto del dinero manejado, 70.960 euros, es la cantidad de la que supuestamente se apropiaron los acusados. Para «ocultar su ilegal proceder», estos «incumplieron la llevanza obligatoria de la contabilidad» y «ni siquiera procedieron a una rudimentaria justificación documental de todos los ingresos y gastos.