Agricultura elaborará en los próximos días dos nuevas fórmulas de amortización similares
Valín traslada a los regantes la tarifa plana que flexibiliza el pago de las obras
El consejero asegura que el plazo de amortización no se puede ampliar a 50 años sin intereses
Momento de la reunión de los regantes de León con el consejero del gobierno de la autonomía
Como se había comprometido, el consejero de Agricultura y Ganadería, José Valín, trasladó ayer la propuesta de «tarifa plana» que su departamento ha elaborado para flexibilizar los pagos que tienen que realizar los regantes del Páramo Bajo por las infraestructuras de regadío construidas a través de un «crédito puente» avalado por la Junta. De este modo, los regantes podrían hacer frente a los pagos a través de una tarifa fija y constante a lo largo de todo el periodo de amortización, -sin los «picos» que se plantean en la fórmula actual-, que ascendería a unos 104 euros por hectárea y año. En una reunión mantenida ayer en la sede de la Consejería de Agricultura en Valladolid, Valín aceptó la petición de estudiar otras «fórmulas similares pero no continuas a lo largo de todo el proceso», como, por ejemplo, empezar con tarifas algo más bajas, lo que facilitaría aún más los pagos a los propios regantes. En este sentido, la Consejería se comprometió a elaborar otras dos propuestas, que serán presentadas en los próximos días a los regantes. Aunque sin llegar a un acuerdo, todavía, el consejero calificó esta propuesta de «interesante» y se mostró convencido de «ese es el camino por el que hay que avanzar», aunque reconoció que «tendrán que ser ellos los que decidan qué solución es la que más les interesa». En lo que no llegaron a un acuerdo Junta y regantes fue en la reivindicación de ampliar el periodo de amortización de las infraestructuras de regadío de los 25 años previstos en la Ley de Aguas a los 50 que reclaman los usuarios. Según Valín, esta ampliación no sólo «no es posible» según el Reglamento de la Ley de Aguas del año 85 y «totalmente contrario» al espíritu de la Directiva europea en la que se enmarca la normativa española, ya que ésta es aún menos flexible que la estatal. Además, Valín explicó que, en caso de que se pudiera ampliar, habría que tener en cuenta un importante incremento de los costes financieros. «Ellos mismos podrían ampliar el plazo a través de un crédito puente, pero los costes financieros serían importantes», aseguró el consejero, quien afirmó que «lo que no se puede es ampliar a 50 años sin intereses».