¿Qué son y para qué sirven?

Según la nueva Ley de Montes, éstos pueden clasificarse en públicos y privados. Dentro de los montes de dominio público o demaniales se encuentran aquellos que lo son por razones de servicio público: los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta ley, así como los que se incluyan en él de acuerdo a la misma; también están los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. Y, por último, aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público. Los montes catalogados de utilidad pública son aquellos montes públicos incluidos, por la CC.AA., en el Catálogo de Montes de U.P. que cumplan algunos de los siguientes supuestos: Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de erosión. Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras. Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento. Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados. Por otro lado, también son de utilidad pública los montes que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, etc., así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje. Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.